Ciudad de México, México.– Ante la pena de muerte impuesta al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programado para ser ejecutado mañana miércoles 8 de noviembre en Texas, Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe manifestar el rechazo del Gobierno Federal a dicha determinación de las autoridades judiciales de ese estado, así como solicitar clemencia al Gobernador Greg Abbott al respecto.
Así lo propuso el diputado Juan Romero Tenorio a través de un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya a la dependencia a cargo de Luis Videgaray a presentar la petición inmediatamente.
En entrevista, expresó que Gobierno Federal debe procurar la integridad de los connacionales sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos, con el fin de preservar por sobre todo los derechos a la vida y a no sufrir tortura, como es el caso de Ramírez Cárdenas, quien podría convertirse en el undécimo mexicano en morir ejecutado en el vecino país del norte.
El legislador federal de Morena también pidió que la SRE conmine al Gobierno de Texas para que, en el marco de su legislación interna, aplique al connacional una pena que no incluya tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“La legislatura de cada estado tiene la autoridad, libertad o competencia para debatir, aprobar y sancionar el Código Penal del estado respectivo, así como las reformas parciales del mismo, y el Gobernador promulga esos cambios legislativos. Los delitos que pertenecen a la jurisdicción estatal son incluidos en el Código Penal de cada Estado”, indicó.
Romero Tenorio insistió que el Estado mexicano está obligado a intervenir por la vida de Rubén Ramírez Cárdenas, puesto que el pasado 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución A/HRC/36/L.67, y por primera vez este órgano se pronunció contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte.
En ese contexto, señaló que Estados Unidos actúa en contra de los tratados internacionales en la materia, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido un criterio general de interpretación restrictiva de la facultad que se confiere a los Estados de aplicar dicha sanción, lo mismo que en materia de reservas sobre pena de muerte.
Por su parte, agrega, la organización Amnistía Internacional considera que la pena de muerte vulnera dos derechos humanos fundamentales: a la vida y a no sufrir tortura, ambos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecida en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Rubén Ramírez Cárdenas es originario de Irapuato, Guanajuato, y fue sentenciado en julio de 1998 a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana Mayra Laguna, de 16 años, el 22 de febrero de 1997 en Edinburg, Texas.
