Ciudad de México, México.— En la sesión de este martes, legisladores de las 8 fracciones parlamentarias representantes en San Lázaro debatieron a favor y en contra de la destitución del fiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto Castillo hecha por el encargado del despacho de PGR, Alberto Elías Beltrán.
El Senado de la República se encargará de avalar tal decisión de Beltrán una vez que comparezcan ambos funcionarios ante el pleno senatorial.
Los legisladores abordaron desde la tribuna del salón del Pleno la pertinencia y legalidad de la decisión que tomó Elías Beltrán, el pasado 20 de octubre, porque Nieto Castillo presuntamente transgredió el Código de Conducta de la PGR, luego de revelar información relacionada con una investigación del caso Odebrecht que involucra al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (PRI) aseveró que la decisión de Elías Beltrán es impecable, jurídicamente, y se encuentra fundada en la normatividad de la Ley Orgánica, el Reglamento y el Código de Ética de la institución, toda vez que el “fiscal depuesto ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y el funcionamiento que requiere una fiscalía como la Fepade”.
Cuestionó que Morena afirme que el fiscal depuesto venía dando resultados y trabajando muy bien, cuando en febrero de este año ese partido decía que “la Fepade es una tapadera y tiene jugarretas”, y también refirió que hace un par de días un representante del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), Diego Fernández de Cevallos, “decía que la destitución de Santiago Nieto jurídicamente era impecable”.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) señaló que la orden de destituir Santiago Nieto provino de la Residencia Oficial de Los Pinos, para que fuera ejecutada por “el encargado de despacho de la PGR, quien por cierto, no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo”, y por ello es que Elías Beltrán debe transparentar y demostrar qué fundó y motivó su resolución.
“Les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fepade está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya con Odebrecht, y el dinero que de manera ilegal se inyectó a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, en la que se habla de no menos de un millón y medio de dólares”, manifestó.
El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) sostuvo que Elías Beltrán incumple con los requisitos para ser encargado de despacho de la PGR, al no contar con 10 años de ejercicio con título profesional, como lo marca el artículo 18 de la Ley Orgánica de la PGR, puesto que su cédula de licenciado en Derecho data de 2011.
“Esto nos lleva a concluir que cualquier actuación, firma, acuerdo, circular, que emita el hoy encargado del despacho de la PGR es nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho y por ende la destitución del fiscal encargado para la atención de delitos electorales debe ser decretada nula de pleno derecho”, aseguró.
La coordinadora de Morena, Norma Rocío Nahle García, indicó que la destitución de Nieto Castillo se da en el contexto de la corrupción mundial de la empresa Odebrecht, que firmó su primer contrato con Pemex en febrero de 2010, y con la cual Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin empezaron a tener contacto a partir de abril de ese año, y que derivó en la captación de dinero para su campaña presidencial de 2012.
Comentó que Santiago Nieto logró investigar la ruta del dinero y su destitución se dio porque se metió dónde no le convenía al gobierno, “porque estaba haciendo bien su trabajo” y porque traía una investigación de un caso gravísimo, la cual necesita de Santiago Nieto para su continuación, por lo cual expresó su expectativa de que el Senado lo restituya como titular de la Fepade.
El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) afirmó que todos los objetivos que se trazaron para la creación de la Fepade fueron “reiteradamente violados por Santiago Nieto”, por lo cual no puede regresar a la Fiscalía, ya que el país no merece “un fiscal especial para delitos electorales que sea empleado de un grupo de diputados, senadores o un partido político”.
“Reiteradamente dio a conocer datos que se encontraban bajo su jurisdicción, reiteradamente ha mentido tanto en el proceso de su designación, presume de ser un hombre de leyes y eso es una doble agravante, porque si se considera un hombre de leyes debemos entender entonces que todas las violaciones que hizo al debido proceso fueron de manera deliberada y bajo consigna de alguien”, dijo.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) señaló que la PGR muestra una crisis de credibilidad, que se viene a acentuar con la destitución de una “persona honorable” que “acusó que Emilio Lozoya lo estaba presionando por investigar los casos de recursos a la campaña del PRI”, por lo cual “el reto es la transformación institucional, profunda, de un modelo que elimine la ineficiencia, la corrupción y la impunidad”.
“Requerimos y exigimos una institución que verdaderamente procure justicia, prácticamente nadie confía en la PGR porque no busca justicia, sino encubrir a los amigos de la corrupción… Hoy le decimos a toda la ciudadanía que votaremos y velaremos por que la PGR y la futura Fiscalía General sean instituciones a su servicio”, manifestó.
La diputada Angélica Reyes Ávila (NA) señaló que su bancada está resuelta a respetar las instituciones y el Estado de derecho, por lo que en el caso de la destitución de Santiago Nieto, “no podemos caer en descalificaciones ni en argumentaciones políticas ante una situación estrictamente jurídica”.
“El manejo político de este tema sólo abona a la división y al encono. Existen los mecanismos para atender la situación que se ha presentado y el Senado de la República está facultado para escuchar a ambas partes. Sirva este caso para ejemplificar la necesidad de contar con perfiles idóneos al frente de todas nuestras instituciones”, expresó.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES) destacó que nuevamente, bajo un criterio electoral, partidos y actores políticos deseosos de protagonismo ponen en el centro del debate a la PGR, próximamente Fiscalía General, primero con el tema de eliminar el pase automático del procurador a fiscal general, que paralizó la Cámara de Diputados, y ahora con la destitución del titular de la Fepade.
“Es imperativo que dejemos que el Senado de la República resuelva lo que le corresponde y no abonemos al encono y a la discordia política que por este ni por ningún otro tema no sea incumbencia de esta soberanía. En todo caso, es pertinente hacer un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional de los que sí somos responsables y tenemos competencia”, concluyó.
