Ciudad de México, México.– Diputados de la Comisión de Derechos de la Niñez se reunieron con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, y representantes de organizaciones civiles, a fin de revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.
Bucio Mújica sostuvo que el Anexo 18 sobre Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, presenta un aumento significativo en el monto del PEF 2018, al proponer de 796 mil millones de pesos (mdp), es decir, 90 mil mdp más respecto al 2015, cuando obtuvo 706 mil mdp.
El problema actual de la población infantil no es el presupuesto, sino la lógica de trabajo que tienen los gobiernos estatales y municipales, ya que “muchos trabajan sin información en la materia; incluso, no conocen indicadores sobre la situación de la infancia y la adolescencia de sus regiones”.
Apuntó que su compromiso es concluir una política pública nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes que contenga qué es lo que tienen que hacer los gobiernos y qué instituciones deben ser las responsables en la atención infantil, ya que “existe una ineficiencia en la operación de algunos programas públicos que no está dando los resultados deseados”.
El secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández Soriano (PRD), aclaró que la reunión se debía a una iniciativa de los legisladores interesados en atender la solicitud de organizaciones civiles, respecto a la situación presupuestal 2018 para el sector infantil.
“Los diputados estamos preocupados por la agenda de las niñas, niños y adolescentes; por ello, reconozco el interés de las organizaciones de la sociedad civil por participar y hacer llegar su voz a las comisiones legislativas respecto a las políticas públicas y, en particular, en relación al PEF 2018”, aseguró.
La diputada Julieta Fernández Márquez (PRI) destacó la importancia de reformar y armonizar Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con los acuerdos internacionales y en todos los estados de la República. “El problema es que a cinco años de su existencia, la norma otorga derechos, pero no los garantiza”.
De Encuentro Social, Norma Edith Martínez Guzmán afirmó que las y los diputados están comprometidos con el tema; sin embargo, en cuanto al presupuesto “tenemos una barrera espantosa, porque no podemos mover un peso, por lo que debemos trabajar juntos, legisladores y sociedad civil, para atender esta problemática”.
Por el PAN, la diputada Ximena Tamariz García propuso realizar una agenda de trabajo que incluya los temas importantes a tratar en la materia, a fin de revisar prioridades, como el presupuesto, y generar una revisión transversal de los derechos de la niñez y tener claridad sobre cómo y hacia dónde se les debe atender.
El secretario ejecutivo del Sipinna enfatizó que, en materia de salud, crecieron los recursos para IMSS e ISSSTE en el área de la niñez en 300 y 55 por ciento, respectivamente; así también para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se incrementaron 300 por ciento.
Por el contrario, continuó, en el PEF 2018 hay siete programas para la atención de niñas, niños y adolescentes que no observan incremento presupuestal; tal es el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “cuando tenemos una explosión en el número de infantes y adolescentes que solicitan refugio”.
Reconoció que las tendencias “son malas” en asuntos como pornografía infantil, turismo sexual, desnutrición crónica, embarazo adolescente, abuso sexual, deserción escolar y mortalidad infantil, por lo que es urgente que los gobiernos estatales y municipales tengan una adecuada visibilidad de estos problemas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existen mil 177 programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, básicamente en el sector salud, educación y protección, pero no intervienen en su entorno.
Asimismo, México cuenta con cinco mil 600 programas de desarrollo social que sí intervienen en el entorno de los infantes, pero lo hacen desarticuladamente; presentan, además, problemas como la duplicidad de apoyos, exceso de pago a las burocracias y uso electoral de los programas.
Ante este hecho, subrayó, se requiere un trabajo articulado entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales que vean por la infancia mexicana e identifiquen los problemas que padecen, por lo que “estamos iniciando una intervención con los gobiernos estatales y municipales, a fin de trazar una ruta y definir políticas públicas en la materia.
El director de Save the Children México A.C., Alfonso Poire, sostuvo que la infancia continúa invisibilizada por la lógica del presupuesto y las políticas públicas, ya que “aunque se han hecho ajustes, aún no hay recursos con enfoque de derechos de la niñez, lo que es lamentable”.
“No sabemos qué pasa con los niños en términos de violencia, abandono, trata y explotación; incluso, la situación que viven algunos de ellos al involucrarse al crimen organizado, ni siquiera se menciona en la ley, por lo que el presupuesto tendría que atender la reparación de los daños; sin embrago, no están presentes”.
A pesar de que tenemos una guía clara de cuáles deben ser las prioridades del gasto público en materia de infancia, los recursos no aparecen, ni siquiera tenemos claridad en las estadísticas de quienes padecen este tipo de abusos.
De la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi), Isabel Crowley detalló que desde 2014 no se ha podido obtener un presupuesto a la altura de la infancia, cuando uno de cada tres mexicanos es niña, niño o adolescentes.
Propuso que para tener un presupuesto adecuado a la infancia, es necesario un ramo específico para este sector y continuar la articulación de programas en los municipios, así como profesionalizar a los elementos que están en contacto con la niñez en diversas dependencias.
Luis Alberto Barquera, presidente de Odisea A.C., comentó que la tendencia del presupuesto para la niñez es a la baja. “Es cierto que hay aumentos que son alrededor de 4.8 por ciento, pero si consideramos la inflación por año (6.59 por ciento), dicho incremento se vapora.
Dijo que el gasto en salud para la infancia se ubica en el mismo lugar que en 2013, solo que con 6.3 millones de mexicanos, y tiende a la baja, ya que mientras en 2017 representó 2.7 por ciento del PIB, para el 2018 será 2.5.
En educación, agregó, las reducciones son de 4.3 por ciento para el Programa Nacional de Becas, 5.3 en educación básica y 1.2 por ciento en educación media superior.
