Ciudad de México, México.– El secretario de la Comisión de Gobernación, Clemente Castañeda Hoeflich (MC), impulsa reformas a la Ley del Seguro Social para crear un Fondo de Pensión Rural con el propósito de que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión digna, el cual será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a la legislación aplicable.
La reforma que se turnó a la Comisión de Seguridad Social, establece que el Fondo de Pensión Rural será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a lo establecido en el reglamento respectivo y procurará la inscripción de los trabajadores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en la presente ley.
Asimismo, la iniciativa que adiciona el artículo 239-A a la ley en mención, señala que la cuantía de las pensiones del fondo se actualizarán anualmente, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y tomará en consideración las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Esta medida contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, reducir la pobreza y las carencias que aún padece el sector rural mexicano, el cual continúa siendo uno de los más vulnerables del país”, indicó.
Castañeda Hoeflich destacó que “las pensiones rurales se encuentran en el mayor rezago y sus trabajadores prácticamente están excluidos del acceso a este derecho social, lo que provoca que muchos continúen trabajando después de los 60 años”.
Enfatizó que los trabajadores del campo están en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen y las carencias sociales que padecen, lo que reproduce una dinámica de pobreza y falta de acceso a sus derechos fundamentales.
De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, 8.9 millones de trabajadores se dedican a la transformación de bienes agropecuarios y pesqueros, 761 mil alimentan y cuidan el ganado, 6 millones cosechan y preparan la tierra, en tanto 130 mil realizan captura y crianza.
Según Informe del IMSS 2016, sólo 289 mil 353 trabajadores permanentes y eventuales del campo se encuentran afiliados al seguro, 42 mil están en el régimen obligatorio como trabajadores eventuales y 23 mil en el régimen voluntario.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 45 por ciento de los trabajadores del campo es subordinado y remunerado, 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y sólo 5.3 por ciento son empleadores.
Respecto a los sueldos, Castañeda Hoeflich argumentó que se pagan aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada, y sólo siete de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo; la mayoría de los trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social a pesar de que la Ley del Seguro Social establece que los patrones del campo tendrán estas obligaciones.
Aunado a lo anterior, continuó, más del 60 por ciento de los trabajadores del sector rural tiene 40 años o más y 9 por ciento tiene entre 75 y 85 años.
“Los trabajadores del campo son quienes sufren más exclusión social y pobreza, padecen contingencias ambientales, aunado a desplazamientos forzados que los despojan de sus tierras a causa del crimen organizado”, expresó.
El diputado federal por Jalisco aseguró que, no obstante lo anterior, el gasto público para cubrir las pensiones en México es inequitativo; ejemplo de ello es la implementación del “Acuerdo Presidencial 2763”, el cual establece pensiones vitalicias para los ex presidentes de la República.
El Fondo de Pensión Rural, recalcó, obligará a realizar inspecciones periódicas por parte de las autoridades facultadas para asegurarse que los trabajadores del agro mexicano se adscriban a los servicios de seguridad social y proveerá, de manera vitalicia, a los trabajadores del campo retirados un ingreso que se ajustará al Índice Nacional de Precios y a la Línea de Bienestar Mínimo.
La reforma suscrita también por los diputados Verónica Delgadillo García, Salvador Zamora Zamora y María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, precisa en sus transitorios que el IMSS contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir el Reglamento del Fondo de Pensión Rural.
Asimismo, el Poder Ejecutivo federal realizará las adecuaciones presupuestales necesarias para dotar de suficiencia financiera a dicho fondo.
