Ciudad de México, México.— Con posiciones encontradas por los resultados de su quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la oposición y el PRI y sus aliados iniciaron la glosa del informe en materia de política interior.
Los opositores acusaron al gobierno federal de fracasar en seguridad, justicia y protección de derechos humanos y estar atrapados en corrupción e impunidad, y dudaron de que se tengan instituciones públicas sólidas. Y el PRI presumió de la gobernabilidad y la paz interior y el trabajo presidencial para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática.
Al iniciar los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) se congratuló con la institucionalización y exitosa comunicación para la recepción de todas las llamadas de emergencia y con la aplicación de la reforma constitucional en derechos humanos; no obstante, dijo, “tenemos sólo una profunda deuda con los mexicanos que queriendo hacer uso de su derecho a la vida, seguridad, a vivir en paz, se han encontrado con que sus hijos están desaparecidos o han sido violentados”.
Su compañera de bancada, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, reconoció que al inicio de la administración se puso en marcha una política de protección civil integral basada en tres ejes: preventivo, reacción oportuna y coordinación, así como atención ante emergencia, la cual ha dado buenos resultados; sin embargo, tiene que seguir la suma de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad.
Por Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García expresó que a cinco años del inicio de esta administración se deben reconocer avances, pero la realidad es que aún se tienen metas que cumplir para garantizar un desarrollo integral para la población. En materia de seguridad no se ha conseguido consolidar la paz en muchas regiones del país y la gente sigue padeciendo el flagelo de la inseguridad. “Es urgente revisar las acciones realizadas en esta materia y valorar los recursos destinados a garantizar la seguridad. Buscamos contribuir a la gobernabilidad, consolidación de la democracia, seguridad y el combate a la corrupción”.
También de esa fracción, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, consideró que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva, pero aún falta camino por recorrer si se quiere recobrar la confianza de la ciudadanía, pues de acuerdo al índice global de impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles. Del mismo modo, continúan las amenazas, hostigamiento, intimidación, agresiones y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) subrayó que la política interior del país está desatinada en temas sensibles para la sociedad, como combate a la corrupción, respeto y garantía de los derechos humanos; por ello, se pronunció por tener una verdadera política, que marque rumbo claro en materia de anticorrupción y honra irrestricta a los derechos humanos. “Lo peor que le puede pasar a este país es que el próximo año presenciemos de nuevo el uso de recursos públicos para comprar votos y voluntades”.
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado de ese mismo grupo parlamentario, resaltó cuán notorio es el fracaso en materia de política interior, pues de los muchos temas que hay, como son elecciones, derechos fundamentales del hombre y demás, destacan la corrupción y la seguridad pública, tópicos que “nos tienen agobiados a los mexicanos”.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PVEM) mencionó que el gobierno de la República ha llevado a cabo una política interior sustentada en el diálogo y la construcción de acuerdos; durante estos cinco años, se ha puesto en marcha una agenda de profundas transformaciones que modificó las bases estructurales del crecimiento económico. “Nos toca contribuir con el buen desarrollo del país. Nos corresponde dejar de lado intereses personales o de grupo para sólo pensar en uno, el interés de México. No podemos trabajar en esta Cámara con base en consignas electorales”.
Sofía González Torres, diputada integrante del PVEM, expuso que a menos de un año del término de este sexenio, el gobierno de la República “sigue cumpliendo los compromisos pactados”. Un gran ejemplo de esto es la igualdad de género, que se ha tornado tema primordial, se han creado centros de justicia especializados en mujeres y se puso en marcha la línea 01800 Háblalo, donde víctimas de la violencia pueden denunciar y encontrar atención profesional. Además, hay respeto y protección a los derechos humanos de los connacionales repatriados.
De Morena, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas precisó que en México no se cuenta con instituciones públicas sólidas y la democracia está enredada por un diseño institucional que atrapa a las instituciones y las ata a intereses partidistas o de grupos impidiendo que se consoliden restándoles autonomía y corrompiendo sus fines.
Añadió que las reformas estructurales nunca se materializarán si no se combate a fondo el problema de la corrupción, y denunció que en materia electoral se tiene “un diseño corrupto que mantiene secuestrada a la institución encargada de la función estatal de organizar las elecciones, así como a los tribunales electorales”.
Su compañero de bancada, Alejandro Ojeda Anguiano, resaltó que el informe describe a un país que sólo está en la imaginación del Ejecutivo federal. “No existe crecimiento económico, sigue el aumento del desempleo, el sistema de procuración de justicia no funciona, las instituciones policiacas no han sido capaces de reducir la violencia y la delincuencia, los delitos de alto impacto van avanzando. El actual gobierno y autoridades militares no han demostrado tener el mínimo de condiciones para hablar de una Ley de Seguridad Interior. Por ello, es imposible transitar ante tales negligencias”.
El diputado Erik Juárez Blanquet (PRD) argumentó que México vive la mayor crisis humanitaria por violencia y el abierto reto a las instituciones por el crimen organizado y narcotráfico, así como casos de corrupción e impunidad que ponen al gobierno en falta de legitimidad.
En ese sentido, pidió blindar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, así como a los estatales, para impedir su uso faccioso y evitar un posible conflicto político de proporciones peligrosas para la democracia y la legitimidad de los procesos electorales del próximo año.
También del PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano puntualizó que se padece una crisis humanitaria de dimensiones sin precedente: homicidios, desapariciones forzadas, casos de tortura cada vez más frecuentes, desplazamiento forzado y un sinnúmero de graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, dijo, “el gobierno del presidente Peña Nieto sigue manteniendo un discurso triunfalista que contrasta lamentablemente con la realidad. El descrédito de las instituciones, los altos niveles de corrupción, la impunidad asociada y un mayor deterior del Estado de derecho han sido los detonadores”.
Por el PAN, la diputada Patricia Sánchez Carrillo expresó que en materia de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos el gobierno ha fracasado. “No existe una política clara y eficaz de Estado en derechos humanos ni en justicia”.
Hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, quienes, a pesar de “estrategias equivocadas y a la implementación de políticas públicas insuficientes, han cumplido con su deber de hacerle frente a la delincuencia”.
El diputado panista, José Everardo López Córdova, señaló que el gobierno está aniquilando los ánimos democráticos del país, “suprimiendo el diálogo y la libertad de expresión, espiando a los activistas y comprando el voto, dejando que reine la corrupción y la impunidad”. Por ello, manifestó su rechazo e indignación y enérgica condena en los espionajes ejercidos desde el gobierno federal. Los cinco años de esta administración han servido para ejemplificar lo que no debe hacerse en cuanto al fomento de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento a la democracia.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (PRI) resaltó que en la actual administración se ha trabajado para tener mayor seguridad, justicia democrática y respaldo irrestricto a los derechos humanos. No obstante, dijo, es necesario aprobar una legislación en materia de seguridad interior, que brinde certeza a los ciudadanos y encauce la acción de las Fuerzas Armadas. “Para lograr un México en paz, seguiremos trabajando para prevenir y sancionar la violencia política de género, trabajaremos en prevenir, combatir y erradicar los delitos que atentan contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad”.
El también priista, diputado Abel Murrieta Gutiérrez, precisó que todos los temas de la Administración Pública Federal son relevantes, pero de especial importancia resultan la gobernabilidad y la paz interior; por ello, recalcó que el presidente de la República trabaja para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para el desarrollo del país, así como en una estrategia integral para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad.
Al concluir las intervenciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida a la Presidencia de la República para su conocimiento.
