Ciudad de México, México.– La diputada Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, urgió al gobierno federal a aumentar cien millones de pesos el presupuesto destinado en 2018 para proteger la vida de los informadores y activistas.
Resultan insuficientes los 200 millones de pesos asignados para ese propósito en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, subrayó la legisladora y reiteró que el “Fondo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” requiere una mayor cantidad de recursos para ejercer el próximo año.
Velázquez Valdez recordó que para el presente ejercicio fiscal este Fondo contaba con 180 millones de pesos, con lo que se podrían sostener las 509 medidas hasta agosto de 2017, pero eran necesarios 80 millones adicionales para concluir el año fiscal.
Explicó que esta partida no permitió la adecuada operación del Mecanismo de Protección y las medidas que otorga a periodistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo, lo cual “fue informado por la titular de ese Mecanismo en la reunión que sostuvo con la Comisión Especial el pasado 6 de abril”.
En tal virtud, dio a conocer que el 20 de abril de este año presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se asignaran los recursos financieros necesarios para continuar la implementación de las medidas de protección durante 2017.
Después de esta solicitud en el mes de julio, la Secretaría de Gobernación anunció que se habían gestionado los recursos necesarios para continuar con la operación del Mecanismo de Protección ante la Secretaría de Hacienda.
La diputada Brenda Velázquez dijo: “Nuestro país atraviesa por una grave crisis de violencia en contra de la libertad de expresión, como lo demuestran los 14 homicidios de periodistas de diciembre de 2016 a la fecha, varios de ellos bajo la protección del Mecanismo; por ello –insistió- es fundamental la suficiente asignación de recursos”.
Esta es una situación que “el gobierno federal sigue minimizando”, pero es claro que es obligación del Estado mexicano garantizar la vida, seguridad e integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, así como el libre ejercicio de la labor periodística, concluyó.
