Ciudad de México, México.– La diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) sostuvo que en el país, el 63 por ciento de los menores de 1 a 14 años de edad ha sido sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015.
La encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), precisa que 53 por ciento de las niñas y niños fueron sometidos a agresión psicológica y aproximadamente 44 por ciento tuvo un castigo físico, añadió la legisladora.
Este estudio también destaca que los niños son principalmente sometidos a la disciplina física (45 por ciento) que las niñas (42 por ciento). En castigo severo, el porcentaje es de 7 por ciento en varones y 5 por ciento en mujeres, lo que refleja que “en México, ser niña o niño es el mismo drama en diferente escenario”.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupó, en 2015, el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años entre los países miembros, subrayó.
Flores Gómez consideró que estas cifras son alarmantes y deben de servir como un reflejo de las condiciones de violencia que viven las niñas y los niños mexicanos.
“Aún, en un sector de la población, ven al maltrato físico como forma de corrección de las conductas; además, es aceptado y normalizado, por lo que es nuestro deber, como legisladores, reforzar el marco legal vigente para erradicar la violencia contra los infantes”, afirmó.
Manifestó que frases como “son mis hijos y yo los educo”, son inaceptables. Si bien el padre, la madre o en su caso el tutor son los responsables de educar, también lo son quienes los deben de proteger y proporcionales una vida digna, libre de violencia.
Ante ello, la diputada propuso reformar el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer, en las leyes federales y locales, que el personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o que tengan algún vínculo con menores deben conducirse con respeto y garantizar la prohibición de ejercer cualquier forma de violencia.
Flores Gómez enfatizó que su propuesta, enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez, busca que quienes tengan trato o vínculo con niñas, niños y adolescentes erradiquen cualquier tipo de maltrato en su contra, en particular el castigo humillante y, por el contrario, se incorporen nuevas formas participativas, positivas y no violentas en la crianza y cuidado de los infantes.
Recordó que a pesar de que México cuenta con un vasto marco jurídico en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, su reacción; sin embargo, es laxa ante las conductas que degradan la dignidad de los menores.
“Es obligación del Estado garantizar el interés superior de la niñez, con acciones que hagan posible el cambio cultural en el que niñas, niños y adolescentes sean vistos como personas sujetas de derechos, incentivando nuevos modelos de crianza, donde se privilegie el respeto mutuo, la comunicación asertiva y la sana convivencia”, apuntó.
La legisladora concluyó que “el castigo corporal y humillante no debe ser visto como una medida correctiva que producirá efectos positivos en la conducta de los menores, dado que el uso de la fuerza física para infligir dolor, sólo aumenta la ínfula patriarcal, que vulnera los derechos de los infantes, por lo que visibilizar la violencia a este sector es un primer paso para poder prevenirla y atenderla”.
