Ciudad de México, México.—El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, urgió realizar un diagnostico del nuevo sistema de justicia penal para garantizar que se respete el daño a la víctima y se castigue al culpable.
Rechazó que sea su tarea del poder judicial mejorar las condiciones de seguridad del país, “nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica, añadió Aguilar Morales
Durante la Ceremonia de Inauguración del Congreso Nacional La justicia que México necesita: mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio, que se llevó a cabo en el Salón Belisario Domínguez del Senado de la República, el ministro señaló que el Poder Judicial de la Federación ha asumido sus obligaciones en el marco del Nuevo Sistema, y sobre todo, de nuestro compromiso por seguir adelante.
Destacó que en la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, ya que la problemática de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto a los derechos que el propio Constituyente ha reconocido a favor de quien se imputa un delito o a quien lo sufre, la víctima.
Ante Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; de los senadores Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez; así como de Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, el Ministro Presidente dijo que “los jueces son protectores en primera instancia de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes, ni de las víctimas, sino de todos, incluyéndolos a todos”.
Y, en segunda instancia, agregó, en busca del objetivo final que es la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se ha probado, mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, no antes.
Destacó que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales.
Apuntó que todos somos respetuosos de las visiones críticas, pues es evidente que aún quedan aspectos por mejorar y es preciso y urgente hacer, como se está haciendo ahora con esta convocatoria, un diagnóstico minucioso que, en su caso, permita identificar las áreas de oportunidad, pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue solo al que sea hallado culpable en el debido proceso legal, sobre principios ineludibles, como el principio de presunción de inocencia.
El ministro ratificó el compromiso y refrendó que el PJF ha continuado con las acciones de consolidación que aseguren la calidad en la oferta de justicia en materia federal, desde estos momentos iniciales y con miras a mantenerla e incrementarla a la par del esperable aumento, tanto en la cantidad de judicializaciones, como con la complejidad de las problemáticas jurídicas que se plantean.
Hizo hincapié en que en esta etapa, en donde ya existen Centros de Justicia Penal Federal que operan de forma cotidiana en los diversos contextos de nuestra pluralidad nacional, la Política de Seguimiento al Crecimiento y Desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal se constituye como un tema estratégico para el PJF y, concretamente, para el Consejo de la Judicatura Federal.
Esta política, añadió, está enfocada a la atención pronta y expedita de los usuarios del sistema, garantizando los principios del procedimiento y fortaleciendo la transparencia y certidumbre en la impartición de justicia.
“Hemos ya dotado de instalaciones dignas no sólo para quienes trabajan ahí, sino especialmente para la sociedad que acude a presenciar estos nuevos juicios, con la importancia de la presencia clara de la población, de la sociedad en el proceso y en la manera en qué se hace”.
Resaltó que en este marco de consolidación, están en operación ya 39 Centros de Justicia Penal Federal distribuidos en todas las entidades federativas e incluso en las Islas Marías, en todos ellos hay ya 52 Salas de Audiencia que están funcionando.
Finalmente, Aguilar Morales manifestó que a la Justicia Federal, a los jueces federales, “no nos toca más que cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México”.
