Ciudad de México, México.– El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para que en la agenda legislativa se ponga entre las prioridades la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en México.
Sostuvo que “así como en comisiones los priistas están muy apurados trabajando en la redacción de la Ley de Seguridad Interior, con el mismo ímpetu deberían hacerlo con la elaboración del dictamen que tiene que ver con la desaparición forzada”.
Recordó que dicha ley fue aprobada por el Senado de la República prácticamente cuando se terminaba el pasado periodo ordinario de sesiones y fue remitido como minuta a la Cámara de Diputados.
Sin duda, dijo, significa un gran avance tipificar como delito la desaparición forzada, donde se contempla incluso a particulares involucrados, además de que se catalogue a estos delitos de extrema gravedad y que no prescriban.
Tras urgir nuevamente a la aprobación de la legislación contra la desaparición forzada en los primeros meses del periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática llamó a realizar una revisión seria y profunda de lo que se aprobó en el Senado para que, si es el caso, hacerle las modificaciones pertinentes.
Comentó que habría que tomar en cuenta las diversas observaciones que han hecho organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, como la demanda de contemplar castigos para funcionarios o militares superiores jerárquicos, que ordenan a sus subalternos llevar a cabo materialmente la desaparición forzada.
Si no se corrige esta situación, comentó, quedaría impune la autoría intelectual de una desaparición forzada, castigándose únicamente a los autores materiales, que a final de cuentas sólo obedecen órdenes.
Será necesario hacer los agregados o cambios necesarios para lograr un mecanismo integral de búsqueda de personas desaparecidas ya que, a decir de las organizaciones civiles, tal como la aprobó el Senado, esta ley no favorece a conocer la verdad porque no hay una comisión de búsqueda y además propicia impunidad al no haber castigo a la cadena de mando detrás de una desaparición.
Ojeda se pronunció a favor de revisar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda que, según los activistas, es una figura general sin atribuciones reales, pues el dictamen aprobado por los senadores no contempla un registro específico de personas en casos de desaparición forzada.
Consideró que estaríamos ante un registro al que sólo se le cambió de nombre, pero que sigue mezclando casos de desapariciones con el de personas extraviadas por otras situaciones. “Lo anterior impide conocer realmente la dimensión de las víctimas de desaparición forzada y de las desapariciones cometidas por la delincuencia. Y el registro tampoco tiene estándares mínimos para diferenciar los casos”, detalló.
Subrayó que es necesario integrar un capítulo especial en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en México, donde se especifique que la implicación de militares en casos de desaparición forzada, debe ser esclarecida en tribunales civiles, porque esto no aparece en la minuta enviada por los senadores.
