En conferencia de prensa, el vecino Francisco Pastrana explicó que el 3 de abril del año en curso, la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta interpuso un amparo por privar a la comunidad de derechos agrarios de un área de 4 mil metros cuadrados de tierras comunales.
Dicha fracción, explicaron los comuneros, fue asignada por el jefe delegacional para la construcción de un edificio de cuatro plantas que, se presume, albergará oficinas de Sedesol. Ante el amparo, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa dictó “suspensión de oficio y de plano para que las autoridades responsables se abstengan de cualquier tipo de construcción”.
Sin embargo, explicaron, el día 27 de julio el delegado ordenó la continuación de las obras, se introdujeron toneladas de cemento y material de construcción y se reanudaron los trabajos, a pesar de que el jefe delegacional fue notificado de la resolución del amparo.
La violación al amparo, explicó Francisco Pastrana, es un delito que, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, se sanciona con pena privativa de la libertad, multas y la destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar algún cargo público, por lo que exigió al gobierno de la ciudad la destitución del delegado y acatar la orden de suspensión.
Al respecto, el legislador David Cervantes Peredo precisó que además de tratarse de tierras comunales, el área está catalogada como patrimonio histórico de la ciudad, por lo que necesariamente requieren de un permiso del INAH para construir.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda agregó que se trata también de una zona de conservación ecológica, por lo que tampoco se puede edificar. Morena, dijo, apoya la solicitud de los comuneros pues siempre estaremos en favor de la preservación del medio ambiente.
La legisladora le recordó al jefe de Gobierno y a las autoridades capitalinas y federales que la Ciudad de México cuenta con territorios rurales, con pueblos originarios, con comunidades regidas por usos y costumbres que demandan respeto.
Por su parte, el diputado federal Juan Romero exhortó a las autoridades a investigar la aplicación de recursos públicos en una obra que se construyó con total opacidad, pues a decir de los vecinos, carece de estudios de impacto urbano, de permisos del INAH y no cumple con los diez requisitos de la Ley de Obra Pública.
Al usar dinero público en esta edificación, dijo Romero, el delegado en turno cometió severas violaciones administrativas que deben ser investigadas y aplicarse los castigos con toda severidad. Es importante, sostuvo, que el gobierno de la ciudad cumpla con la legalidad.
Al concluir, la diputada Flor Ivone Morales Miranda llamó al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa a respetar el Estado de Derecho y de llegar a comprobarse que el delegado violó la suspensión, se proceda de inmediato a imponer las sanciones correspondientes, las cuales pueden concluir en la destitución del delegado.
No podemos, dijo enérgicamente, tener una justicia selectiva o sujeta a intereses políticos, exigimos que se cuestione al titular de la demarcación de Milpa Alta y se le juzgue con todo el peso de la Ley.
