Con un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora busca que se reconozca el principio constitucional consagrado en el artículo primero, relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, o de género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana.
La diputada federal sostiene que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se encontró que en el país habitan 705 mil mujeres y 677 mil hombres afrodescendientes.
Esta encuesta también determinó que los estados con mayor población afrodescendiente son Guerrero, con el 6.5 por ciento; Oaxaca, con el 4.9, y Veracruz, con el 3.3 por ciento.
Además, detalló que en cien municipios del país al menos 10 por ciento de la población se considera afrodescendiente. En estos municipios, el 15.7 por ciento de las personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, mientras que el promedio de analfabetismo en el país es de 5.5 por ciento. El 18 por ciento de este sector demográfico habla lengua indígena y dos terceras partes se autodeterminan indígenas.
En materia de vivienda, González Suástegui destacó que las personas afrodescendiente utilizan materiales menos resistentes que en el promedio a nivel nacional. “De cada diez viviendas, solo 3 cuentan con techo de concreto o viguetas con bovedilla, 7 tienen paredes de ladrillo y en una, el piso es de tierra”.
Respecto al tema de oportunidades laborales e ingresos de este grupo de la sociedad, seis de cada diez afrodescendientes no son económicamente activos y en el resto su principal actividad es la agropecuaria, donde su participación es reducida respecto al promedio nacional.
Ante este panorama, hizo un llamado para que se atienda a esta población que se ubica entre los grupos más pobres y menos educados respecto al resto de la ciudadanía.