Comentó que ahora resulta que autoridades y constructores se echan la pelotita, y las empresas responsables de la obra argumentan que el tubo del desagüe que presuntamente ocasionó el socavón, donde murieron dos personas, no era parte de la obra y no quieren asumir sus responsabilidades.
Al respecto, el legislador perredista manifestó que las empresas constructoras deben hacerse responsables de los gastos de reparación del Paso Exprés, así como indemnizar a los deudos de quienes fallecieron en ese lugar en el estado de Morelos.
“Las empresas constructoras son las responsables inmediatas, aunque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, es responsable por su ineficiencia”, subrayó.
Insistió en que no debe haber ni un centavo del erario público en la reparación del socavón, sino que debe ser única y exclusivamente responsabilidad de las constructoras, a las cuales se debe investigar a fondo para determinar si hubo negligencia por no contemplar dicha tubería o si no se incurrió en alguna acción de corrupción por no utilizar el material adecuado para esta obra que se terminó hace apenas tres meses.
Ante esta situación, urgió a las fuerzas políticas a actuar responsablemente y destrabar el proceso de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que quedaron en el aire los nombramientos del Fiscal Especial y de los magistrados especializados.
Manifestó que mientras persista la corrupción y la impunidad en nuestro país, se seguirán presentando obras como la del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, cuya calidad, proyección y operación quedan bajo sospecha al presentarse, recién inaugurado, incidentes como el socavón de al menos 12 metros de profundidad.
El diputado Ojeda señaló que si no se pone un alto a la corrupción, seguiremos hundidos en el subdesarrollo y la falta de crecimiento, pues el erario público seguirá siendo rehén de las negociaciones en lo oscurito que permiten licitaciones ilegales a quien ofrezca el mejor moche para que se le adjudique una obra, así como del tráfico de influencias y el dinero que corrompe funcionarios y genera enriquecimiento inexplicable.
Mencionó las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales revelan que el año pasado, las empresas pagaron más de mil 600 millones de pesos con tal de concretar y agilizar trámites.
Lamentó la incapacidad de las fuerzas políticas del país para lograr los acuerdos necesarios para convocar a un periodo extraordinario para consolidar de una vez por todas el Sistema Nacional Anticorrupción y entrar de lleno a la designación del Fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados en la materia.
Consideró que con la omisión, se impiden que entren en vigor los nuevos tipos penales en materia anticorrupción y que podrían ser aplicados tanto a obras públicas deficientes, como a personajes políticos corruptos, como es el caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
