Derivado de estas acciones, argumentó el legislador perredista, el cual es desde hace tiempo de conocimiento público, tanto en Quinta Roo como en Chihuahua se han iniciado investigaciones en contra de los ex mandatarios estatales.
“Vemos con alarma que la autoridad electoral no ha actuado, a fin de implementar los mecanismos de sanción al partido político que se benefició de estos recursos; los cuales, sin lugar a dudas, son ajenos y distintos a los que permite la ley electoral”, puntualizó.
El coordinador de los diputados federales del PRD externó que en el caso del ex gobernador Duarte Jáquez a la fecha existen diversos testimonios que lo involucran como principal responsable de entregar recursos al partido del cual es miembro desde hace muchos años, el PRI.
“Al día de hoy, se han documentado las aportaciones directas que se depositaban al Comité Directivo Estatal del PRI de Chihuahua de manera mensual y se ha podido acreditar que todo el operativo de desvío de recursos públicos fue planeado, ordenado y avalado por el ex mandatario del estado, César Duarte”, agregó.
El legislador federal del sol azteca continuó diciendo que “en lo que corresponde a Quintana Roo, el ex gobernador Roberto Borge Angulo, está acusado de haber desviado recursos públicos para financiar la campaña del entonces candidato del PRI, José Mauricio Góngora Escalante”.
Detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía General de Quintana Roo, luego de varias indagatorias sobre este caso documentaron que José Mauricio Góngora Escalante recibió más de 200 millones de pesos provenientes del erario público para la campaña del PRI en el 2016.
“Resulta alarmante e inaceptable para la democracia en nuestro país, que existan estos casos de corrupción, en los que los gobernadores de las entidades utilicen recursos ilegales para financiar a su partido político, no debemos permitir que sigan ocurriendo estás viejas mañas priistas”, refirió.
Finalmente, dentro del punto de acuerdo presentado por Martínez Neri, se argumenta que es fundamental que las sanciones no sean exclusivamente para las personas involucradas en los casos de César Duarte y Roberto Borge, también se requiere se investigue y, en su caso, se sancione al partido político beneficiado en este ilícito.
