En un punto de acuerdo, aprobado por la diputación Permanente, la diputada expresó su preocupación ante el incremento en el número de violaciones a los derechos humanos de los capitalinos, realizadas por las distintas dependencias de la Administración Pública Local, por lo que celebró que el resto de las bancadas aprobaran su propuesta.
La legisladora lamentó la opacidad en este asunto, sobre todo porque se trata de la protección de los derechos humanos de quienes viven en la ciudad de las libertades. El gobierno debe transparentar el estatus de cada expediente, porque hay casos de tortura, muertes en centros de reclusión, indebida procuración de la justicia, violencia contra las mujeres, marchas y atención médica a mujeres en reclusión, entre otros, que debe conocerse en qué proceso están.
Agregó que de acuerdo con el informe 2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ésta emitió 7 mil 328 medidas precautorias que buscan salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al debido proceso, a la libre manifestación y a la protesta social, entre otros.
En dicho informe se señala que se emitieron un total de 17 recomendaciones que integran 160 expedientes que beneficiaron a 448 víctimas, dando inicio de oficio a 118, al conocer los hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos, recabados a través de medios de comunicación y redes sociales, en el caso que haya estado en peligro la vida, la libertad, la integridad física o psicológica de las niñas, niños o personas con discapacidad que no se encontraban en posibilidad de presentar una queja, explicó.
El resto fueron presentadas por personas peticionarias y/o agraviadas, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
Juárez López enfatizó en que las dependencias con mayor número de recomendaciones fueron la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con un 25.4%, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con 19.7%, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con 15.3%, y la Secretaría de Salud con 12.2%.
Agregó que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como la Secretaría de Desarrollo Social obtuvieron más menciones respecto al 2015 como autoridades presuntamente responsables.
