Explicó que lo anterior se llevó con el seguimiento a las investigaciones y al desahogo de procedimiento administrativo disciplinario sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos, y entidades de la administración pública de la CDMX.
Y que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer en su caso las sanciones que correspondan en términos de la ley de la materia.
El órgano fiscalizador determinó imponer 733 sanciones administrativas a igual número de servidores públicos, de ellas 548 pertenecen a dependencias, 152 a delegaciones y 33 a entidades.
Asimismo, 19 sanciones económicas por un monto mayor a 63 millones de pesos; se destituyó a 13 servidores públicos; inhabilitó a 55 servidores públicos por periodos de tiempo que van de 1 a 10 años; suspendió a 535 servidores públicos por un periodo que va de 3 a 90 días en sueldo y funciones; se amonestó a 124, y se apercibió a 6.
Las sanciones fueron impuestas a servidores públicos de todos los niveles jerárquicos; con cargos de estructura se sancionaron a 270 servidores públicos. Se subraya que dentro de los cargos de dichos servidores encontramos un asesor, 27 directores generales, 7 directores ejecutivos, 52 directores de Área, 26 coordinadores, 52 subdirectores y 105 jefes de Unidad Departamental.
Dentro de las sanciones que ameritaron destitución e inhabilitación, destacan las relacionadas con denuncias presentadas por la población contra servidores públicos del Sistema Penitenciario, específicamente del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
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