Lamentó que el gobierno federal mexicano se esté encargando de inhibir los flujos migratorios de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, atendiendo a la política de Trump, como acusó recientemente la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, quien dijo que las deportaciones de centroamericanos aumentan cada año.
Recordó que la directiva destacó que el año pasado se registró un aumento histórico de más del 200 por ciento en las deportaciones de personas originarias de El Salvador, mientras que en los casos de guatemaltecos y hondureños “la cifra rebasó el 150 por ciento”. Todos, detenidos y deportados desde territorio mexicano.
La legisladora veracruzana coincidió en que el gobierno mexicano tiene un “doble discurso” en el tema de la migración, pues mientras exige a través de los medios de comunicación respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en el territorio nacional violenta los derechos humanos de las y los centroamericanos.
Ramírez Peralta dijo que desde el INM y otras instituciones de seguridad del país “le echan la mano” al presidente de Estados Unidos para deshacerse del problema y, en caso de quienes son detenidos en territorio estadunidense, son echados a México y de aquí son deportados a sus países de origen como lo han reconocido funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Señaló que los migrantes centroamericanos huyen no sólo de la pobreza en busca de oportunidades de una mejor vida, sino en muchas ocasiones de la violencia de los grupos del crimen organizado en sus países.
Dijo que es necesario que desde el Congreso de la Unión se impulse una política que atienda principalmente el respeto a los derechos humanos de estas personas y no sólo la seguridad. “Si bien esto último tema es importante atender, no debe ser pretexto para violentar sus derechos y que todo el territorio mexicano se convierta en la frontera sur de Estados Unidos”, puntualizó la parlamentaria.
Por otra parte, llamó al gobierno de Miguel Ángel Yunes a no replicar la política del gobierno federal contra los migrantes centroamericanos. “Si estamos denunciando las acciones contra los derechos humanos de los migrantes veracruzanos en Estados Unidos, sería incongruente que hiciéramos lo mismo con quienes usan el territorio del estado para llegar al vecino país del norte”, comentó.
