“Estamos frente a un delito muy grave y por esa razón la Comisión Bicameral debe citar a los funcionarios lo antes posible. En el ámbito de sus atribuciones el Congreso debe hacer su parte para frenar esta oprobiosa actividad que daña nuestra democracia”, añadió.
Dijo que invadir ilegalmente la privacidad de las personas constituye un delito grave que debe ser castigado de manera ejemplar. La Ley establece los casos en que el Gobierno debe solicitar a un Juez la intervención de comunicaciones; ninguna autoridad puede realizar espionaje en cualquiera de sus modalidades, de manera indiscriminada.
Señaló que han sido recurrentes las denuncias sobre intervención de comunicaciones tanto a activistas sociales, periodistas y líderes políticos, pero el gobierno parece mantener su estrategia de amedrentamiento contra la sociedad.
“Es momento de llamar a cuentas a los órganos de inteligencia del Estado, cuya función es investigar actividades de la delincuencia organizada o prever riesgos para la soberanía nacional, no para seguir a líderes de opinión que tienen una posición crítica frente al gobierno, ni a intervenir sus comunicaciones”, apuntó.
Cortés Mendoza expuso que se debe transparentar toda la información relativa a la adquisición de equipos de intervención telefónica o digital por parte del gobierno, porque se compraron con recursos públicos que son del pueblo.
Por esa razón, insistió, es indispensable la inmediata comparecencia de los funcionarios ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la que senadores y diputados deben ser informados con toda veracidad sobre los hechos que se han denunciado.
