Con qué derecho, con qué autoridad moral (entiendo la moral como el conjunto de usos y costumbres con que un individuo o una colectividad norman sus relaciones sociales y económicas), he de aprobar, ensalzar, o desaprobar, condenar, al gobierno o al sistema de gobierno de una nación como es, en el caso, Venezuela.
Y con qué impunidad un sector de mexicanos, presuntos izquierdistas contagiados por el virus de la extrema derecha, empezando por importantes oficiales del gobierno federal, condena al gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de la autoría de crímenes políticos.
No asumo defensa alguna. Simplemente me pregunto si los mexicanos, más estando como estamos, gobernados por un grupo de corruptos, estamos en condiciones de señalar a otros, de acusar a otros.
Se nos han olvidado los principios que nos dieron vida como nación, como Estado, y el respeto del concierto de las naciones. El respeto.
Y lo que más duele es que haya gente de izquierda, que se autoproclama revolucionaria, que condena a Maduro – lo califica de payaso -, y le endilga un sinnúmero de muertos en manifestaciones políticas, el desastre humanitario, la prisión política, el derrumbe de la división de poderes, “y un largo etcétera…”
No voy a entrar a enumerar los infortunios que los gobiernos emanados del PAN y del PRI nos han traído a los mexicanos, a todos; inclusive a sectores de las clases acomodadas. Tan sólo esa extensa lista de desgracias conocida por muchos, y más por los ciudadanos letrados, que leen periódicos impresos, electrónicos y digitales, nos inhibe para cuestionar a otros gobiernos. No nos otorga el derecho a condenar o a ensalzar.
Pero, como les dije antes, hemos hecho a un lado nuestros principios y ahora el gobierno está dedicado a condenar a otros como si pudiera hablar ex cathedra, como dicen que hablaban los Papas católicos.
Los próceres del PAN y del nuevo PRI echaron al bote de la basura la Doctrina Estrada, los principios de no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
Todo marchó desde 1930 cuando el entonces canciller Genaro Estrada sostuvo e hizo doctrina el principio que dice que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente y que, en consecuencia, él no necesita del reconocimiento de los demás para cobrar plena validez jurídica, reconocimiento que, de otro lado, implicaría una indebida intervención de un Estado en los asuntos internos de otro.
De acuerdo con estos principios, la doctrina Estrada afirma que “el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas, en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.
El canciller Estrada estuvo muy influido por las largas y penosas controversias suscitadas entre México y Estados Unidos en aquella época, en que el gobierno estadounidense se negó a reconocer a los gobiernos que surgieron de acciones militares o paramilitares durante el proceso de la revolución mexicana.
En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Junta Consultiva de Emergencia para la Defensa Política, establecida en Montevideo a raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas de los países latinoamericanos con las potencias del Eje – Alemania, Italia y Japón – adoptó una recomendación a los gobiernos de la región para que, mientras durara el conflicto armado, no reconocieran a régimen alguno establecido por la fuerza en cualquiera de sus países sin antes realizar consultas mutuas para determinar si el nuevo gobierno cumplía con los compromisos interamericanos de defensa continental. Esta fue, sin duda, una medida tomada para alejar el peligro de que los simpatizantes del nazi-fascismo en América Latina pudieran derrocar uno de los gobiernos a fin de impedirle cumplir los acuerdos contra el totalitarismo.
Espléndida praxis política – la aplicación de la Doctrina Estrada – que fue desechada por los gobiernos del Eje mexicano, los gobiernos neoliberales, los violentos, los socios de la delincuencia organizada, cuya guerra ha dejado, en poco más de una década, cientos de miles de familias huérfanas de padre, de madre, de hermanos, de hijos, que han sido masacrados por los guerreros de la delincuencia; miles de desapariciones forzadas, cientos de cementerios clandestinos, periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, mujeres muertas por odio particularmente en el Estado de México. E incontables desgracias que serían ya suficientes para que las Asambleas de la OEA y de la ONU condenaran a México, Y no lo hacen. Y no se dan cuenta de que en México condenamos a millones de inocentes a muerte por hambre. Es mayor el sufrimiento que si les diéramos un balazo en la sién. Y los periodistas y ciudadanos críticos son vigilados por las lupas electrónicas del naturalizado, por 80 millones de dólares, Pegasus…
Entonces, dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y pongamos nuestra mirada en la viga que llevamos cargando nosotros.
