México enfrenta graves problemas relacionados con la migración de personas que cruzan por nuestro territorio con la finalidad de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, situación que ha convertido a localidades como Tijuana, Ciudad de México, Tabasco, Tapachula, Guadalajara, León, en lugares donde la explotación laboral de menores se ha incrementado.
En el mundo, más de un billón y medio de personas viven en países con conflictos y violencia , mientras que existen cerca de 200 millones de seres humanos afectados por catástrofes naturales, de los cuales aproximadamente 168 millones son niños que, obligados por las circunstancias, se ven orillados a trabajar para poder sobrevivir.
Sesma Suárez indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido el 12 de junio de cada año como el “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, cuyo lema este 2017 es: “En conflictos y catástrofes, protejamos a los niños del trabajo infantil”.
En 2015, el Presidente de la República firmó la promulgación del decreto de adhesión al Convenio 138 de la OIT, a través del cual nuestro país limita a 15 años la edad mínima permitida para el trabajo, lo cual fue reconocido por el propio organismo.
Expuso que ha disminuido la cifra de menores trabajadores, de acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 3 millones 38 mil menores al inicio del sexenio, a poco más de 2.4 millones.
A pesar de los avances sobre el tema sigue siendo de vital importancia implementar medidas para erradicar por completo el trabajo infantil, especialmente aquellos casos que tienen fines de explotación laboral y sexual, actos que resultan indignantes e intolerables para una sociedad moderna.
A nivel internacional existen esfuerzos realizados por organismos como UNICEF y la OIT, que a través de la Agenda de Naciones Unidas 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) se fijan como meta erradicar el trabajo infantil para el año 2025, resaltó.
México, comentó, debe reforzar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mecanismo cuya principal atribución es generar políticas públicas entre los tres niveles de gobierno para que este grupo vulnerable pueda exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetivos de protección, sino como sujetos plenos de derechos.
