Así quedó de manifiesto en la exposición de motivos de un Punto de Acuerdo que presentó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia en el que exhortó al procurador de justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, informe a esa soberanía bajo que esquemas académicos y especializados en el tema de violencia de género se capacitó a las abogadas victimales encargadas de las Fiscalías para la Atención de Delitos Sexuales.
En el resolutivo que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Diputación Permanente del poder legislativo local, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), informe qué modelo y qué esquema de atención operan para atender a víctimas de delitos sexuales a partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En ese sentido, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien expuso en tribuna el Punto de Acuerdo de la promovente, sostuvo que evidentemente la atención a las víctimas es una de las obligaciones sustantivas en el nuevo esquema de Justicia Penal en el país.
Suárez del Real argumentó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debe implementar las medidas necesarias hacia la creación de un modelo que permita una reingeniería institucional para transformar a la dependencia en una mejor opción de procuración de justicia en los casos de delitos sexuales de los cuales presenta un rezago, desde el año pasado, de mil 265 casos sin procesar en perjuicio de igual número de víctimas.
En la parte medular del Punto de Acuerdo, Ángeles Valencia lamentó que se registre violencia de género en las Fiscalías para la Atención de Delitos Sexuales, sobre todo, por omisión de las autoridades encargadas de procurar justicia. Por ello, agregó, es urgente erradicar el burocratismo, la corrupción y la violencia en todas las instituciones encargadas de procurar justicia en los tres niveles de gobierno de la nación.
En ese sentido, la diputada de Morena hizo un llamado al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, para que impulse una mejor atención en las seis Agencias Especializadas de la Fiscalía de Delitos Sexuales establecidas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc.
Expuso que el mal funcionamiento de las fiscalías especializadas muestra el poco interés de la PGJDF para atender este tipo de delitos que aquejan a más de mil 200 víctimas y que ponen en riesgo la integridad de género a poco más de cuatro millones de mujeres.
Hizo notar la urgencia de que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, que entró en vigor el 31 de agosto de 2016, promovido en el ámbito federal, sea ya homologado con el incipiente de la Ciudad de México para prevenir situaciones que colocan en desventaja las mujeres víctimas de una transgresión.
Estimó la posibilidad de que dicho protocolo aún no entre en operación porque la Secretaría de Gobernación no ha dado a conocer ningún informe al respecto pese a la urgente necesidad de que ya estén funcionando.
Sostuvo que el interés superior es que la mayoría de los centros laborales de las diversas dependencias del gobierno Federal están ubicados en la CDMX, en donde se desempeñan más de 750 mil trabajadores, de los cuales cerca de 380 mil son mujeres potencialmente expuestas al acoso y abuso sexual por parte los mandos medios y superiores, y de sus propios compañeros de trabajo.
En teoría, señaló, se creó el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para acabar con un Ministerio Público decadente, sin embargo, no hay resultados para las más de mil 265 mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado.
Por ello, Ángeles Valencia solicitó un informe del modelo y esquema de atención a mujeres víctimas de delitos sexuales que está operando a partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
