A través de un Punto de Acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora federal de Morena señaló que dicha herramienta fue puesta en marcha por la PROFECO y el propio IFT en julio de 2015, con el fin de que los usuarios de telefonía móvil interpusieran sus inconformidades por el mal servicio.
Sin embargo, agregó, el instrumento “Soy Usuario” no ha sido suficientemente difundido y pocas personas lo conocen. “Por ello, es importante que ambas dependencias promuevan esta herramienta en todo el país, de manera conjunta y coordinada, con el fin de que los consumidores de telecomunicaciones tengan acceso a la defensa de sus derechos”.
La diputada morelense resaltó que actualmente existe gran deficiencia en la prestación de servicios de telefonía móvil y uso de datos, según se desprende de un informe sobre este sistema, en el cual se destaca que del total de quejas en lo que va de 2017, el 40.2 por ciento corresponde al servicio de internet; 34.3 por ciento a telefonía móvil; 14.6 por ciento a televisión de paga y el 10.9 por ciento a telefonía fija.
Al respecto, subrayó que los servicios de internet y telefonía móvil son los rubros que más quejas acumulan ante la PROFECO, lo que contraviene con la carta de derechos de los usuarios, que indica que se tiene derecho a exigir calidad de parte del proveedor o concesionario, así como una bonificación o descuento en caso de fallas en el servicio o por cargos indebidos.
Cuata Domínguez sostuvo que debido a la falta de interés de los prestadores de estos servicios, no se ha logrado garantizar en nuestro país el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ni tampoco a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para todos los mexicanos.
Esto, apuntó, a pesar de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo Federal, como parte de los acuerdos firmados dentro del llamado Pacto por México hace cuatro años.
Por otra parte, en diciembre de 2016 la diputada Blanca Margarita Cuata solicitó al IFT que supervisara que no existieran prácticas monopólicas por parte de los operadores de telefonía móvil Telcer y Movistar, con el propósito de garantizar que no se perjudique a los usuarios en sus derechos humanos de acceso a la información y comunicación.
