En la iniciativa del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena), se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa a la persona que incurra en este ilícito, toda vez que actualmente a quien realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita, se le sanciona con cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
La intención también es precisar que para proceder penalmente, se requerirá denuncia previa de cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera, o de unidades de investigación de la Procuraduría General de la República.
Cañedo Jiménez menciona que una medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2013, determinó que este delito alcanza un monto equivalente a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que significa 340 mil millones de pesos a valor actual, es decir, 18 mil millones de dólares.
Menciona que la consultoría Stratfor, calcula que las organizaciones criminales mexicanas envían a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares producto de actividades ilegales.
En el país, a pesar de la inclusión de disposiciones contra el lavado de dinero en el Código Penal Federal y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, “su aplicación ha sido muy difícil y poco clara, y pocos son los condenados por este delito”.
Entre 2004 y 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 28 millones 522 mil 622 reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero.
Durante el periodo 2004-2007, por cada 100 mil operaciones reportadas a la UIF, sólo 2.61 reportes derivaron en una denuncia formal por parte de la SHCP ante la Procuraduría General de la República (PGR), y únicamente 0.43 terminaron en averiguaciones previas por el delito de lavado de dinero.
Cañedo Jiménez subraya que dos razones explican esos resultados y “éstos van desde la corrupción existente en diversas esferas gubernamentales hasta la falta de claridad en las disposiciones legales en cuanto a las entidades encargadas de su aplicación, supervisión e investigación”.
El complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero sin capacidad legal para requerir información o iniciar denuncias, provoca errores y omisiones que imposibilitan la construcción de casos “sólidos jurídicamente” que, en la práctica, hacen imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de los delincuentes.
La modificación al marco jurídico existente y a los mecanismos de supervisión bancaria, para hacer eficaz y eficiente la lucha contra el lavado de dinero en México, debe ser parte fundamental en el nuevo combate contra la inseguridad, el secuestro y, en general, el crimen organizado, añade.
