Así lo señala un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), que se centra en las tres iniciativas de reforma constitucional, y que fue elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo.
De estas tres iniciativas, dos se presentaron en la Cámara de Diputados y la tercera en el Senado de la República; dos fueron propuestas por el Grupo Parlamentario del PRD y una por el Grupo Parlamentario del PAN; una propone reformar el artículo 6º de la Constitución; mientras que dos de ellas coinciden en modificar la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
Una de las iniciativas, presentada en septiembre de 2015, propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La propuesta fue desechada en julio de 2016 pues no fue dictaminada en el plazo legal establecido.
Dicha iniciativa buscaba además homogeneizar las legislaciones expedidas por los congresos locales. La iniciativa precisa que sólo Durango e Hidalgo tienen leyes especializadas en la materia, mientras once entidades federativas –Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz– han expedido una legislación parcial.
Otra iniciativa, propuesta en marzo de 2017, busca precisar que las autoridades federales conocerán de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pendiente de dictaminación.
Una iniciativa más, que también se presentó en marzo de 2017, plantea adicionar dos nuevos párrafos al artículo 6º de la Constitución, a fin de garantizar la seguridad de los periodistas, así como su derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional.
Esta última propuesta, busca incorporar la cláusula de conciencia en la Carta Magna; es decir, que los periodistas tengan derecho a una indemnización tras rescindir su contrato, cuando el medio de comunicación para el que laboren modifique la orientación informativa o ideológica.
Asimismo, propone facultar al Estado para garantizar la seguridad de los periodistas; así como las condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente, puedan vivir y trabajar con dignidad.
La iniciativa está pendiente de dictaminación en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado.
