El problema se debe a que no existe disposición o norma que obligue a los titulares de las dependencias de gobierno, instituciones y organismos descentralizados, implementar acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.
Lo anterior, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece el deber que tienen las dependencias e instituciones públicas de implementar este tipo de acciones, afirmó la diputada Talavera Hernández.
Ante ello, propone reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, para que titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, gobierno de la Ciudad de México, instituciones públicas y organismos descentralizados, implementen medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.
La iniciativa, que presentó en la pasada sesión de la Comisión Permanente y que se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, destaca que en nuestro país los espacios laborales son el tercer ámbito donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; tan solo en 2011, 19.3 por ciento de las mexicanas fueron víctimas de acoso sexual.
Talavera Hernández precisó que hostigamiento y acoso sexual, son conductas que atentan contra el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres como son la dignidad, integridad física, la moral, libertad sexual, derecho al trabajo y a la salud integral.
“Si bien los hombres también sufren casos de hostigamiento y acoso sexual, la realidad es que son las mujeres quienes mayormente continúan siendo víctimas de este tipo de agresiones”.
Resaltó que a nivel mundial 12 millones de mujeres sufren acoso sexual, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de que contamos con un marco jurídico en la materia, diversas estadísticas señalan que la mayoría de las personas que han laborado, sufrieron diferentes tipos de violencia, que trajo como consecuencia graves repercusiones en su salud física y emocional, y en su situación familiar, económica e institucional.
Ante la prevalencia de estas conductas, aseguró que es importante reconocer la necesidad de plantear soluciones que eliminen prácticas discriminatorias y de violencia, a fin de generar espacios laborales donde prevalezca la equidad, la tolerancia y el respeto a la dignidad de todo ser humano.
La iniciativa tiene el objetivo de establecer medidas apropiadas a favor de las y los trabajadores, garantizarles un ambiente armónico que propicie el desarrollo personal y profesional, libre de conductas que dañen su integridad como el hostigamiento y el acoso sexual.
