Por lo anterior, la legisladora presentó un punto de acuerdo que exhorta a los Congresos locales a adecuar sus leyes, a fin de crear una Unidad de Género y un Centro de Estudios para la igualdad entre mujeres y hombres. Dichas instancias proporcionarán elementos para realizar trabajo parlamentario con perspectiva de género.
Afirmó que “crear un Centro de Estudios en cada Cámara estatal representa tener un mecanismo de investigación, difusión y reconocimiento de los derechos de niñas y mujeres, abre la posibilidad de realizar investigaciones y diagnósticos por especialistas y proporciona elementos a las y los representantes locales para ajustar su legislación”.
El exhorto, aprobado en la Comisión Permanente, contempla la necesidad de crear procesos de institucionalización en los Legislativos de los estados, para que su trabajo se realice con visión de equidad y coadyuve a la promoción y reconocimiento de los derechos de las ciudadanas.
La también presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados federal, destacó la labor de esa instancia dedicada a apoyar de forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo parlamentario, a través de información analítica y servicios técnicos que promueven el empoderamiento de las mujeres.
Resaltó que Veracruz y Quintana Roo ya reformaron sus leyes para contar con un centro de estudios en la materia, mientras que Guerrero es la única entidad que ha reformado su Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Unidad de Género.
Recordó que en 2012, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones a raíz de la sustentación del Estado mexicano sobre el cumplimiento del citado instrumento internacional.
Consideró que si bien el Comité observó progresos legislativos en materia federal, preocupa la falta de armonización sistemática en la legislación de las leyes civil, penal y procesal a nivel federal y estatal, con la Ley General o las leyes locales sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
