Como en otras denuncias contra el mismo mandatario estatal y su correligionario, pidieron la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer valer la legalidad y el derecho ciudadano al voto libre, secreto, personal y universal, y para evitar que este derecho sea pisoteado una vez más.
Propusieron por ello que este órgano legislativo exhorte a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a que atienda con prontitud las denuncias formales ya presentadas.
Además de la actuación pronta y eficaz de esta Fiscalía, en un segundo punto de su propuesta plantean que también se exhorte al Instituto Nacional Electoral (INE) a que investigue esta manipulación de programas sociales y desvío de recursos públicos para financiar la campaña de Cota Jiménez.
Destacaron que el mismo Acosta Naranjo, representante del GPPRD ante el INE, denunció ante la FEPADE al actual mandatario y al aspirante a sucederlo por violar la ley electoral de Nayarit y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, específicamente por condicionar la entrega de beneficios de diversos programas, entre ellos el Programa Seguro de Vida Alimentario (PROSA) a cambio de votos para el PRI.
En la denuncia se refiere la existencia de un audio en el cual el gobernador Sandoval Castañeda evidencia el uso electoral de PROSA en mayo y junio de 2017 para favorecer a los candidatos priistas a gobernador, diputados locales y presidentes municipales agrupados en la coalición “Nayarit de Todos”.
Para ello –puntualizaron Contreras Julián y Acosta Naranjo-, los operadores del PRI y sus aliados aplican una estrategia de retención de credenciales de elector a beneficiarios del programa y condicionan su entrega mensual a los beneficiarios que se consideran adversos o renuentes a votar por el PRI.
“Estos hechos –advirtieron los diputados perredistas- vienen a agravar aún más el ambiente político enrarecido en la entidad ya que es una prueba contundente de la forma en que el PRI y su gobernador operan para presionar y coaccionar a los electores de Nayarit”.
Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género, y Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, señalaron que tales conductas constituyen claramente delitos electorales.
“Las acciones tanto del gobernador como del candidato Cota Jiménez implican además una transgresión al principio de neutralidad que impone a los servidores públicos el párrafo séptimo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, atentando en contra de las bases y principios constitucionales relativos al voto universal, libre, secreto y personal, y de las elecciones periódicas y auténticas”.
“Para el GPPRD –concluyeron Contreras y Acosta-, estas conductas constituyen una flagrante transgresión a la constitucionalidad y legalidad del actual proceso electoral en el Estado que pone en riesgo la veracidad de sus resultados ya que los partidos políticos, candidatos, autoridades, servidores públicos y ciudadanos en general tienen la obligación de cumplir tanto con la Constitución Federal, la local, así como las disposiciones legales aplicables al caso”.
