El recurso fue presentado por Royfid Torres González, representante perredista ante el INE, quien precisó que la denuncia obedece a la presunta violación del gobernador a la ley electoral de Nayarit y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por condicionar la entrega a los ciudadanos de los recursos destinados a programas sociales del Gobierno del Estado, particularmente del denominado Programa Seguro de Vida Alimentario (PROSA).
Se detalla que en el rubro de H/ Aportaciones al Programa PROSA se tenía registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit un monto de dieciséis millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos pesos, que corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por funcionarios de las diferentes dependencias y entidades.
Dichas aportaciones son destinadas a la ejecución de acciones contempladas del programa en comento que se encuentra previsto en el Presupuesto de egresos para el Ejercicio fiscal 2017.
En la denuncia se recuerda que el 15 de mayo de 2017 se tuvo conocimiento de un audio en el cual se escucha la supuesta voz del gobernador Sandoval Castañeda, en donde evidencia el uso electoral del programa PROSA, durante los meses de mayo y junio de 2017, en el marco del desarrollo de las campañas electorales de gobernador, diputados y ayuntamientos en la entidad.
“Esto es una forma de presión y coacción a los electores complementado con la retención de credenciales de elector a beneficiarios del programa social y condicionando sus entrega mensual, a aquellos beneficiarios que se identifique como adversos o renuentes a votar por el Partido Revolucionario Institucional”, se indica.
“Las anteriores conductas constituyen delitos electorales atribuibles presuntamente a Sandoval Castañeda, como servidor público por ser gobernador de Nayarit, así como de las demás personas que participan de las reuniones y de las acciones anteriormente descritas y que se consignaron en grabación de audio, tales conductas típicas constituye de manera diáfana el condicionamiento de la aplicación y cumplimiento de un programa de naturaleza social gubernamental, a la emisión del sufragio ciudadano en favor del PRI, así como de la coalición electoral “Nayarit de Todos”, que encabeza Manuel Humberto Cota Jiménez”, argumenta la queja.
Esta conducta es similar a la que se le acusa a Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México, por un presunto desvío de 49 millones de pesos, cuando era presidenta municipal de Texcoco, del fondo de ahorro y de la nómina de los empleados municipales.
Las acciones tanto del gobernador como de Cota Jiménez implican además “una transgresión al principio de neutralidad que impone a los servidores públicos el párrafo séptimo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, atentando en contra de las bases y principios constitucionales relativas al voto universal, libre, secreto y personal, y de las elecciones periódicas y auténticas”, agrega la denuncia.
Dichas infracciones constituyen “una transgresión a la constitucionalidad y legalidad del actual proceso electoral en el Estado, ya que los partidos políticos, candidatos, autoridades, servidores públicos y ciudadanos en general, tenemos la obligación de cumplir con la Constitución federal, la local y con las disposiciones legales aplicables”, concluye el PRD.
