De acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el delito más cometido en México es el robo en sus diferentes modalidades; de cada 10 delitos que se denuncian sólo 2 generan una averiguación previa, por lo que sólo 13 por ciento de actos ilícitos quedan registrados en la estadística oficial, y 87 por ciento integra la cifra negra del delito.
En enero de 2017 se registraron 17 mil 774 robos con violencia, de los cuales 17 mil 381 fueron comunes, 363 en carretera y 30 en instituciones bancarias. Dicho mes presentó el registro más alto desde noviembre de 2013, cuando hubo 18 mil 84 robos con violencia.
Quien ejecuta el robo calificado no es una persona orillada por la necesidad económica, sino alguien que está quebrantando la confianza, haciendo uso de la violencia y, en un momento dado, puede cometer en contra de la víctima un delito superior, como atentar contra su salud física y su vida.
El legislador Rojas Orozco promueve reformar el artículo 19 de la Constitución Política, para incluir el robo calificado entre los delitos castigados con la medida cautelar de prisión preventiva, oficiosamente, en lo que es llevado a cabo el proceso impuesto a una pena dictaminada por un tribunal de enjuiciamiento.
El diputado priista propone que esta reforma sea constitucional atendiendo al principio pro persona, ya que si sólo se reformaran los códigos penales de los estados, el imputado pudiera acogerse a este postulado de que la Constitución es una norma superior y es más benéfica, por lo que en su aplicación, el delincuente quedaría en libertad para afrontar el proceso, pudiendo poner en peligro a su denunciante o víctima.
Las principales causas de que los ciudadanos no hagan las denuncias ante el ministerio público, son la impunidad y el temor a posibles represalias por parte del delincuente, que la mayoría de las veces, aun cuando se realice la denuncia y sea detenido, se le deja en libertad.
Rojas Orozco manifestó que en algunos casos, además de la impunidad y la corrupción, existe un letargo administrativo para que un asunto pueda avanzar en la investigación y dure varios años. Esto propicia que las personas vayan perdiendo fe en autoridades encargadas del caso, ya que sus términos de indagación se vuelven multianuales y todo esto sucede estando el probable imputado en libertad, lo que pone en riesgo a la víctima y sociedad.
Con esta modificación, se pretende contribuir al fortalecimiento de la credibilidad del sistema de justicia penal mexicano; aumentar la seguridad de los ciudadanos castigando de mejor manera a los delincuentes, y aliviar el malestar social que genera la inoperancia del mismo en el delito más cometido en nuestro país como es el robo calificado, “dejando libres a los delincuentes y un panorama de incertidumbre para las víctimas”.
