“¿Si es mandato constitucional y es la gran ordenanza de las Naciones Unidas, por qué no se ha asumido?, preguntó el también miembro de la Junta de Gobierno: “Porque aun cuando todos los textos oficiales formales hacen un vínculo con visión de derechos humanos, sólo se hace en narrativa retórica, como en el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos gubernamentales de planeación”, respondió.
Al intervenir en los foros, que en esta ocasión presentaron el tema Derechos Humanos y Equidad, Fuentes indicó que el Estado no ha llevado un proceso transformador que realmente constituya el andamiaje institucional después del 2011.
“La estructura del Estado sigue siendo la misma; la propuesta de órganos autónomos no responde a una noción de garantía de derechos humanos, corresponde a la desconfianza entre los poderes”.
Derechos sexuales
En su oportunidad, Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), indicó que existe una mutación antropológica en el psiquismo y en la subjetividad de las personas, debido a que los mandatos de la masculinidad y la feminidad tienen un efecto negativo sobre el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción.
“Los principios políticos de una democracia moderna pluralista se encuentran vivos también en los derechos sexuales y reproductivos; su exigibilidad implica no sólo reformar la política de salud, sino también la educativa y, sobre todo, hacer valer la separación Estado-Iglesia. Lo que más obstaculiza legitimar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos es el tabú religioso que pesa sobre el aborto y la homosexualidad, de ahí que lo imprescindible sea preservar el carácter laico del Estado”, subrayó.
Hoy en México la lucha por esos derechos no es sustitutiva de otras luchas, y no es una vía exclusiva para enfrentar las múltiples formas de subordinación y explotación en nuestro país.
“La defensa de los derechos sexuales y reproductivos expresa el conjunto de valores ético-políticos que encarnan una democracia radical, que tanta falta hace a nuestro maltrecho país”, expuso.
Derechos indígenas
En su turno, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), expresó que la condición real de los pueblos indígenas en México no es resultado del olvido, de la fragmentación lingüística, de su lejanía geográfica o de su negativa a participar en el desarrollo económico y social, sino del compromiso férreo que los sucesivos gobiernos han mantenido de mantener un modelo de extrema desigualdad con ellos. La escolaridad y el acceso a la educación, ejemplificó, son un indicador por excelencia de este problema.
Las señales de las reformas no auguran cambios para los pueblos indígenas; al contrario, pueden implicar la vulneración definitiva de sus derechos hasta lograr su extinción como culturas, es decir, cometer explícitamente un “etnocidio tipificado” en la legislación internacional.
El investigador universitario demandó un modelo equitativo para todos los mexicanos, sean o no indígenas, pues según la Comisión de Educación Indígena Bilingüe, sólo el 1.6 por ciento de esta población de entre 20 y 24 años ha tenido acceso a la educación superior, además de que las 12 universidades interculturales en diversos estados de la República para la gestión 2015-2016 tenían matriculados a sólo 14 mil ocho alumnos.
La población indígena entre 20 y 24 años es de 591 mil 895 personas, de las cuales sólo 2.37 por ciento asiste a las universidades interculturales indígenas.
El sistema universitario de educación superior está muy lejos de ofrecerles una oferta justa, equitativa y democrática de acceso a la educación superior, concluyó.
