En el evento, organizado por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) sostuvo que es prioritario abordar la transversalización de la perspectiva de género en la legislación del agua para que se refleje en las políticas públicas.
La legisladora, que preside este comité, apuntó que está pendiente la elaboración de la Ley General de Agua, por lo cual resulta importante escuchar a expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en el tema. “Es importante retomar y visibilizar el tema de las mujeres y su participación en los procesos de agua”.
El acceso al vital líquido es un tema muy complejo “y si le sumamos el factor género, la brecha de desigualdad se amplía por los roles establecidos a las mujeres”, pues en comunidades sin abasto suficiente y zonas rurales, son quienes dejan sus actividades escolares o laborales para obtener y acarrear el líquido a sus casas, incluyendo a niñas y adolescentes.
Planteó que las conclusiones del encuentro proporcionarán a las comisiones encargadas de dictaminar la Ley General de Agua, información que la enriquezca, para lograr una legislación acorde a los retos actuales respecto al derecho al agua y la igualdad de género.
El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), enfatizó que el análisis de la Ley General de Agua debe incluir como elemento medular el tema de género, poner en el centro de la discusión a las mujeres, y lograr un ordenamiento novedoso, que cambie el modelo de administración del vital líquido y promueva la equidad.
Si se supedita al debate político “podríamos estar en riesgo de no tener una ley equitativa. Hay que ser cuidadosos porque nos podemos meter en una trampa legal”.
Existe una deuda con la ruralidad, donde la actividad básica del hogar, la preparación de alimentos, la salud de los hijos, la educación, la producción en el campo recae en las mujeres, por lo que “debemos voltear los ojos y hablar de género en el tema del agua”.
La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (PRI), secretaria del Comité del CEAMEG, llamó la atención sobre el riesgo de violencia sexual que sufren mujeres, niñas y adolescentes en comunidades donde tienen que trasladarse grandes distancias para acceder al agua.
“Cuando hablamos de agua y mujeres parece que es obligación de su rol hacerse cargo de todas las tareas del hogar”. Se pronunció por lograr propuestas para construir una Ley de Agua justa, incluyente y capaz de sustentar las necesidades básicas de todos los mexicanos, concibiendo a mujeres y hombres por igual.
La diputada Jisela Paes Martínez (PAN), secretaria de la Comisión Especial de Seguimiento a los Programas Sustentables para Mujeres, confió en que el foro aporte información para garantizar en la ley el acceso al agua, y que las mujeres en las comunidades, por ser jefas de familia, tengan agua limpia y de calidad en sus hogares.
“Tenemos la obligación de legislar con perspectiva de género, asegurar que las mujeres en las colonias y comunidades tengan acceso al vital líquido. Estamos conscientes de que nos hemos retrasado mucho en su elaboración; por eso, asumimos el compromiso de trabajar en esa propuesta”.
Patricia García García (PAN), secretaria de la Comisión de Reforma Agraria, señaló la importancia de instrumentar políticas públicas en materia de agua que beneficien a todo el país. Refirió que los huertos urbanos han tenido mucha difusión pues representan una alternativa de alimentación, “pero el agua sale muy cara y lo que ahorran en alimentos lo pagan en agua. Eso no beneficia en nada”.
Expresó que la importancia de simplificar las “normas estrictas” en materia de tenencia de la tierra: “es un problema fuerte, pues a los jóvenes no les interesa; los que sí están no tienen fuerzas, y a las que sí le entran, que son las mujeres, les ponen zancadilla”, acusó.
Del PAN, el diputado Pedro Garza Treviño, secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, reconoció la capacidad de las mujeres para gestionar y administrar el agua por lo que se manifestó por abrir más espacios a este segmento poblacional.
La Coordinadora General de Recaudación y Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Karime Orozco Acosta, afirmó que es prioritario incluir la perspectiva de género en las políticas públicas de agua, pues cuando el agua escasea, entre los primeros que sufren las consecuencias están las mujeres de bajos recursos.
Destacó la necesidad de dotar de agua a la población rural, donde existen dificultades técnico-económicas para el abasto con formas “tradicionales”; priorizar subsidios, para incentivar inversión en servicios públicos de agua potable y saneamiento a grupos vulnerables, e instaurar cuotas de género en Consejos, Comisiones y Comités de Cuenca, así como en los de Agua Subterránea.
Brenda Rodríguez Herrera, de Mujer y Medio Ambiente A.C., indicó que las políticas del agua son ciegas a la problemática del sector en lo social y de género, que tiene que ver con disponibilidad, mala calidad, poco mantenimiento de la red, irregularidad en el servicio, enfermedades hídricas y, en el ámbito rural, es el acceso ligado a la propiedad de la tierra, pues “las mujeres no son reconocidas como productoras y usuarias del agua”.
Propuso incluir a las mujeres en el diseño de políticas hídricas en instancias de planeación, ejecución y evaluación, incluidas políticas sectoriales y asignación presupuestal, además de crear instancias de contraloría ciudadana que permitan la fiscalización y la rendición de cuentas de los organismos operadores y de las instituciones públicas relacionadas con el agua, en los cuales debe incluirse a las mujeres.
De El Colegio de México, Judith Domínguez Serrano consideró positivo incluir la perspectiva de género en el nuevo ordenamiento del agua y la política en la materia. “Quienes participan en la elaboración de la Ley General del Agua, están en un buen momento de reflexión”.
Llamó la atención en el tema de la agricultura de subsistencia, de traspatio, la cual es fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria, y es desempeñada por las mujeres. Planteó garantizar en la ley el acceso al agua para esa actividad, pues es una cuestión práctica que resuelve problemas de tierra.
