La legisladora federal de Morena presentó el pasado 25 de abril, ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas de diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguros, para que las personas no sean afectadas por obligaciones que nunca aceptaron contraer, o que muchas veces ni siquiera se habían enterado de haber contratado algún seguro.
“Se propone establecer en la ley que los contratos de seguros que no cuenten con la firma autógrafa del contratante, no producirán efecto legal alguno; que la aseguradora sea sancionada con el reintegro del doble del total de las primas pagadas a solicitud del asegurado; que en un plazo mínimo de 48 horas posterior a la firma del contrato, la aseguradora debe entregar en forma física la póliza correspondiente”, explicó.
Señaló que si bien contar con algún tipo de seguro ofrece tranquilidad, el problema comienza cuando, en contubernio, las empresas prestadoras de servicios y las aseguradoras imponen de manera arbitraria y abusiva un seguro a los ciudadanos que no solicitaron, y que a pesar de que no lo quieren, les obligan a pagar.
“La cantidad que cobran por el seguro a veces pasa desapercibida en un principio. Sin embargo, cuando se dan cuenta y quieren cancelar el seguro, la empresa que lo está cobrando responde que no es asunto suyo y que deben llamar directamente a la aseguradora. Por supuesto, tarda uno semanas en poderse comunicar, haciendo de esto un martirio”.
Félix Díaz explicó que el conflicto no es entre dos particulares, o entre un particular y un pequeño negocio, sino con una gran empresa que cuenta con los recursos suficientes y áreas jurídicas que dejan en desventaja a los usuarios engañados.
“Para darnos una idea clara de la dimensión del problema, hay que señalar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, durante el primer semestre del 2015 atendió aproximadamente 15 mil 513 reclamaciones relacionadas con la contratación de seguros, de las cuales solamente el 37 por ciento resultaron favorables para el usuario”, subrayó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen.
