Los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez Hernández, defendieron su postura con el argumento de que Abdala Saad cuenta con el amparo y porque las carpetas de investigación de la Fiscalía estatal están incompletas.
El pasado 26 de enero, la Fiscalía General de Veracruz solicitó un juicio de procedencia contra el legislador priista, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y desvío de recursos por 23 mil 156 millones de pesos, durante la administración del ex gobernador Duarte de Ochoa.
En una reunión vespertina, por un empate de votos, de dos contra dos, la Sección Instructora no emitió este jueves un dictamen sobre la solicitud de desafuero del Abdala Saad (PRI), ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, durante el gobierno que encabezó Javier Duarte de Ochoa.
En conferencia de prensa conjunta, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), informó que el diputado Abdala Saad cuenta con un amparo, desde diciembre de 2016, para que la Fiscalía General de Veracruz no pueda ejercer acción penal en su contra, y por ello se sometió a votación sobre si se debía emitir o no un dictamen al respecto.
Los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez Hernández, votaron por no emitir un dictamen, argumentando que no existen las condiciones para hacerlo, debido a que Abdala Saad cuenta con el amparo y porque las carpetas de investigación de la Fiscalía estatal están incompletas.
Los diputados Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) y Omar Ortega Álvarez (PRD) votaron en favor de emitir un dictamen para no violar la ley, ya fuera en sentido positivo o negativo, porque el amparo del legislador no es para el ámbito de actuación de la Sección Instructora, sino para el de la Fiscalía estatal.
La Sección Instructora tiene como fecha límite para emitir el dictamen al respecto, este viernes 28 de abril.
El diputado Ramírez Nieto propuso aplazar la emisión del dictamen hasta que “tengamos una notificación oficial del juez de Distrito que recaiga al amparo promovido por el diputado Tarek Abdala Saad, y hasta en tanto estén completas las carpetas de investigación, porque están totalmente incompletas y sesgadas”.
Dijo que el objetivo de retirar el desafuero a un servidor público es quitar un obstáculo a la autoridad para que pueda ejercitar acción penal en su contra y, en el caso del diputado Abdala Saad, “no estamos en ese supuesto, porque el fiscal de Veracruz está impedido por un mandamiento de una autoridad federal”.
Aseveró que el fiscal de Veracruz sabía que estaba impedido para ejercer acción penal, pero ocultó esa información a la Sección Instructora y decidió solicitar el retiro del fuero constitucional al diputado Abdala Saad, “y eso no es correcto”.
La diputada Méndez Hernández aseveró que este tema no es político, sino meramente jurídico, y se está actuando conforme a derecho.
El diputado Piña Kurczyn afirmó que al no emitir un dictamen se viola la ley, y dijo que los diputados del PRI debieron haberse manifestado a favor de su elaboración, con los argumentos del presidente de la Sección Instructora, para después votarlo en el sentido que mejor consideren.
Enfatizó que el amparo del legislador es para la Fiscalía General de Veracruz y no para la Sección Instructora, aunque –refirió– hubo un intento de Abdala Saad por conseguir un amparo contra el ámbito de actuación de la Sección Instructora, pero el juez 11 administrativo federal en la Ciudad de México lo desechó.
Dicho juez argumentó que “las actuaciones definitivas e intermedias de la Sección Instructora son inatacables, por no violar la soberanía de este poder Legislativo, y por lo tanto ninguna resolución judicial nos puede impedir emitir un dictamen”, externó el legislador panista.
El diputado Ortega Álvarez comentó que el amparo de la autoridad judicial no debe ser obstáculo para elaborar el dictamen, ya que la Cámara de Diputados es soberana para los juicios de procedencia y los juicios políticos.
El legislador perredista invitó a los diputados del PRI a emitir un dictamen, porque de lo contrario el órgano colegiado estará en falta. “No podemos sujetarnos a un poder judicial, porque iríamos en contra de la sana división de poderes”.
