El dictamen, que será puesto a consideración del Pleno cameral, deja abierto el porcentaje a fijar en una eventual alza, susceptible de acordarse entre trabajadores y medio de comunicación.
Para dar certeza jurídica, la comisión no estimó viable establecer un monto rígido de aumento, toda vez que la Conasami “podría determinar que éste fuera mayor”, explica.
La propuesta impulsada por el diputado Exaltación González Ceceña (PAN), precisa que “el aumento que se otorgue al salario de los reporteros deberá hacerse de manera ordinaria, es decir, con el incremento que anualmente establece dicha Comisión”.
Resalta que uno de los criterios establecidos en la Constitución, “exige valorar el nivel de riesgo al que está expuesto este tipo de trabajadores”.
La instancia legislativa, presidida por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), consideró este tema como “sensible e importante”, y reconoció “el peligro que corren estos trabajadores, pese a los esfuerzos institucionales realizados hasta el momento”.
Refiere que el “Índice Global de Impunidad” ubica a México en el sexto lugar a nivel mundial, y primero en Latinoamérica, de 13 países donde periodistas son asesinados y los homicidas o autores intelectuales no han sido capturados o procesados legalmente.
Asimismo, indica que “la violencia que los grupos criminales y funcionarios locales perpetraron contra los periodistas permitió que la impunidad se acentuara en América Latina, donde Brasil y México escalaron dos puestos en el índice de 2016”.
El estudio “Clasificación Mundial 2016 América: Periodismo a punta de fusil y a golpes de porra”, elaborado por la Sección Española de la Organización no Gubernamental Reporteros Sin Fronteras, identifica que México, Colombia y la mayoría de las naciones de Centroamérica padecen los estragos del crimen organizado: carteles, grupos paramilitares y narcotraficantes.
“El trabajo de investigación es peligroso en estos países –en ocasiones, incluso imposible-, frente a la determinación y el grado de violencia que se alcanza, que va hasta las decapitaciones. México está marcado por una larga serie de asesinatos de periodistas, crímenes relacionados con la corrupción y el narcotráfico.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) realizó un índice anual sobre aquellos países donde existen por lo menos cinco periodistas que han sido asesinados, sin que se haya condenado a un solo autor material, destacando que “en el caso de México existen 16 casos no resueltos”.
Por otra parte, la comisión avaló un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Educación Pública (SEP), y del Trabajo y Previsión Social (STPS), de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, “promuevan mecanismos y procedimientos que coadyuven a la certificación de capacidades y habilidades laborales que alienten la reinserción en el trabajo de la población migrante de retorno”. La propuesta la impulsó la diputada de Morena, Concepción Villa González.
Asimismo, que la STPS, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, fortalezca las acciones de coordinación con las dependencias de la administración pública federal y estatal, y organismos privados, a fin de vincular laboralmente a los connacionales que regresen a nuestro país. El acuerdo lo presentó el diputado del PRI, Alfredo Anaya Orozco.
La instancia legislativa aprobó otro acuerdo promovido por el diputado del PRI, Rafael Yerena Zambrano, para que la STPS y la Cancillería, conforme a sus atribuciones, evalúen la pertinencia de adherirse al Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para promover la seguridad, salud y protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes laborales.
Ese convenio tiene como objetivo promover una cultura de prevención en seguridad y salud para que los trabajadores tengan un ambiente laboral seguro y saludable, a través de políticas y programas nacionales que incluyan una legislación adecuada y los mecanismos de control, tales como sistemas de inspección y acuerdos en las empresas.
Avaló también un punto de acuerdo, presentado por la diputada del PVEM, Lorena Corona Valdez, para que la STPS y la Cancillería, conforme a sus facultades, evalúen la pertinencia de adherirse al convenio sobre la protección de la maternidad 2000 (C183) de la OIT.
Esa norma establece la prestación económica durante la licencia de maternidad, con un monto no inferior a las dos terceras partes de sus ganancias anteriores; garantizar que las madres lactantes no realicen un trabajo perjudicial para su salud o la de su hijo, y protección contra la discriminación por esa condición- Todo ello, a fin de conciliar la vida laboral con la familiar.
Por último, la instancia legislativa aprobó un acuerdo promovido por la diputada de Movimiento Ciudadano, Marbella Toledo Ibarra, para solicitar a la Secretaría de Salud de Guerrero, para que en el ámbito de su competencia, atienda las demandas de los trabajadores del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 07 de esa dependencia, a fin de que no se suspendan sus actividades y garantizar la vigilancia y control epidemiológico que realiza.
