En reunión con la Comisión Especial, Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó a los legisladores su inquietud de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 no se etiquetaron fondos a ese fideicomiso, que es un mecanismo de protección y funciona en estos momentos con el remanente del año pasado.
Estimó que los recursos financieros se agotarán entre septiembre y octubre próximos; sin embargo, de seguir en aumento la tendencia de las solicitudes de protección a más periodistas y defensores de derechos humanos, los fondos se terminarán antes de esa fecha.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, resaltó la impunidad existente en la muerte de periodistas y la falta de castigo a los asesinos que los agreden o acosan. “Estamos ante el recrudecimiento de la violencia contra el gremio. Tres asesinados en un mes, más los agredidos. Tres muertes más. ¿Esos tres periodistas estaban protegidos por el mecanismo de protección?”, inquirió.
Agregó: “¿Por qué no se castigan los 120 homicidios, más de 600 casos de agresiones y 20 desaparecidos en los últimos diez años, según la ONU? No hay un solo detenido ¿cómo se explica eso?” Resaltó que Veracruz es la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo.
“Es increíble que el fideicomiso del mecanismo de protección no recibiera este año presupuesto de parte del gobierno federal. Verdaderamente raya en la locura, ya que conforme el problema avanza, no progresa la protección como corresponde. ¿Cómo se explican la falta de ese apoyo, políticamente hablando?”, preguntó.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, cuestionó cuáles son los principales riesgos que enfrentan las 509 personas sujetas a medidas de protección por parte del gobierno federal. Además, “¿por qué acudieron a ese mecanismo? y ¿todas las solicitudes se han atendido?”.
Manifestó su preocupación por la carencia de suficientes recursos para atender esta problemática. Aclaró que el reajuste de presupuesto sólo lo puede hacer el Ejecutivo federal, y no el Poder Legislativo.
Señaló la factibilidad de diseñar una iniciativa jurídica, enriquecida con las propuestas de los periodistas para que definan los mejores mecanismos de seguridad. “Lo que necesitamos es que el Estado mexicano cree medidas de protección”.
Convocó a los diputados a solicitar un reajuste del presupuesto de ese fideicomiso, porque “no es posible que a partir de octubre no tengan un peso para hacer frente a los compromisos de protección a periodistas”.
Se carece de investigaciones efectivas en casos de periodistas
En su turno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al sistema de justicia que prevalece en México y la carencia de investigaciones efectivas, tal y como ocurre en otros delitos como la trata de personas y tortura. Además, admitió, existe colusión de autoridades.
Los periodistas no se quieren acercar a las autoridades estatales, porque no creen en sus investigaciones ni en su apoyo, ya que por años han sufrido las agresiones, también los defensores de los derechos humanos, comentó Patricia Conchero Aragonés.
Informó que los tres comunicadores asesinados recientemente, “no estaban apoyados por el mecanismo de protección”. Cuando se hicieron los trabajos sobre el Plan de Contingencia en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea participó en la mesa de periodistas y “nunca nos dijo que quisiera la protección del mecanismo porque tuviera riesgo; su compañera Patricia Mayorga decía que ella sí tenía riesgo, pero tampoco quería incorporarse al mecanismo y trabajó en el alerta temprana” o de prevención, explicó.
“Es terrible, estuvimos cerca de Miroslava, pero nunca pidió la protección del mecanismo y, ella propuso impulsar el alerta temprana. Los otros dos periodistas no estaban protegidos tampoco. No se tuvo contacto con ellos”, sostuvo.
La funcionaria de la Segob explicó que cuando se observa alguna amenaza o agresión, de inmediato se les contacta, pero en estos casos no había ningún indicio ni señal de alarma. “Debe apostarse a una coordinación con las entidades para reforzar la estrategia de seguridad”, planteó.
Sobre el presupuesto para el fondo, dijo desconocer los motivos por los que no se etiquetaron recursos este año. “Había un fondo que no se devolvió, y la probabilidad es que vieron esta bolsa y consideraron que con eso se subsanarían los gastos, pero la verdad es que no se calculó la tendencia al alza en las solicitudes de protección”, consideró.
Preguntó a los diputados sobre la posibilidad de gestionar una ampliación presupuestaria, a fin de asegurar la protección a los profesionistas de la información y luchadores por los derechos humanos.
A nivel internacional, continuó, es un tema de mucho impacto; además, existe diálogo bilateral con la Unión Europea sobre este tema.
La funcionaria federal explicó que el protocolo de protección se otorga a petición individual o colectiva de los periodistas o defensores de derechos humanos, mientras que la alerta es una herramienta de prevención desplegada en estos momentos en Veracruz y Chihuahua, por amenazas perpetradas por distintas vías y agresiones.
La alerta se activa, precisó, mediante una evaluación de riesgo que se efectúa en el lugar donde se registraron las amenazas o agresiones, a petición de los afectados. Se revisa el contexto, el contorno, los desplazamientos y el tipo de notas que publican y con eso “definimos qué tipo de medidas podemos darles. Tenemos un amplio catálogo a implementar”.
“Tendríamos que desarrollar medidas de seguridad digital, como lo sugirió Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Es un tema pendiente que se revisa con la Policía Federal”, sostuvo.
Explicó que se tiene una cantidad importante de información que se analiza como el domicilio de trabajo o incluso el lugar de residencia, porque aparte del riesgo que tiene el periodista, el peligro también lo sufre la familia, como el desplazamiento de sus hijos.
En donde se detectan problemas, se instala un GPS o se da acompañamiento de policías federales, aunque cada vez los designan en menor cantidad porque hay pocos elementos; se asigna un número o botón de emergencia vinculado con la Policía Federal y autoridades estatales.
Aseguró que existen muchas medidas, de acuerdo con el caso, para desplegar una alerta temprana. Los analistas de riesgo proponen un plan a la Junta de Gobierno, a los beneficiarios y a sus representantes, quienes toman la decisión para desplegar el mejor plan de protección, de acuerdo con las circunstancias particulares, y se revalúa permanentemente para ajustarlo a las necesidades, garantizó.
Avalan opiniones a iniciativas en apoyo a comunicadores
Por otra parte, los legisladores de la Comisión Especial aprobaron cuatro opiniones en positivo a tres propuestas de puntos de acuerdo y a una iniciativa. La primera, para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga el caso del asesinato de Cecilio Pineda Brito, y a realizar todas las diligencias para capturar a los responsables, presentada por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena). El documento se remitió a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
La segunda, para solicitar al Ejecutivo federal que garantice la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, la seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México, la cual fue presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN). Se envió a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La tercera, para condenar el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y exhortar a la FEADLE a realizar las diligencias necesarias para esclarecer el caso y capturar a los responsables, presentada por los diputados de Morena, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias. La opinión de la Comisión Especial fue remitida a la Comisión de Justicia para dictamen.
La cuarta opinión se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Caballero Pedraza (Morena), para adicionar el capítulo XVIII, “Trabajo de periodistas”, artículos 353 Bis a 353 Decies, al título sexto de la Ley Federal del Trabajo. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Para concluir, la presidenta de la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez, anunció el foro “La libertad de Expresión en México” que se llevará a cabo el próximo 24 de abril en San Lázaro. Participarán periodistas, representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos y académicos expertos en la materia.
