“El Poder Judicial adeuda un enorme pasivo con la sociedad y requiere reconstruir la legitimidad de la actuación de sus integrantes, con el fin de que pueda dejar atrás las sombras de un pasado de ausencia de independencia respecto al poder político”, subrayó.
En ese contexto, afirmó que el Poder Judicial se ha convertido en una “oficialía del poder político” y sólo podrá ser independiente cuando se reduzca la intromisión e influencia que ejerce, por ejemplo, a través de la Presidencia de la República o el Congreso de la Unión.
Ante ello, consideró que los administradores y procuradores de justicia de todo el país deben ser objeto de la evaluación crítica de los ciudadanos, lo cual requiere del control y supervisión de la sociedad hacia la Judicatura.
“Actualmente existe una injerencia o probabilidad de que las decisiones judiciales se vean determinadas por los intereses, preferencias o deseos de otros órganos del Estado, como el Presidente de la República o las Cámaras de Diputados o Senadores, así como por los propios miembros del Poder Judicial para satisfacer mezquindades”, puntualizó.
En entrevista, resaltó que una muestra de esta problemática se dio en noviembre pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó ampliar el periodo de funciones de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que es una clara cooptación política.
Cañedo Jiménez agregó que otro ejemplo es el caso del magistrado Édgar Elías Azar, quien en 2008 asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y se reeligió en dos ocasiones, para concluir su encargo oficialmente hasta el 2018.
“Tras ocupar nueve años la Presidencia del TSJDF y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Elías Azar recientemente fue propuesto por el Presidente de la República como Embajador de México en los Países Bajos”.
Asimismo, reiteró la postura de Morena –que expuso el 4 de abril ante el pleno de la Cámara de Diputados– para que el Poder Legislativo haga un llamado a las autoridades judiciales de Baja California y de toda la República a que se orienten bajo los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, sobre todo ante los procesos electorales en varias entidades.
