La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Víctor Giorgana Jiménez (PRI), se reunió con la coordinadora nacional del programa “Somos Mexicanos”, dell INM, Dalia Gabriela García Acoltzi, quien dijo que del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, Estados Unidos deportó 38 mil 467 personas; en el mismo periodo de 2016, fueron 50 mil 69, es decir, 11 mil 602 menos.
En 2016, retornaron 219 mil 932 connacionales, los cuales 22 mil 905 son mujeres; 197 mil 27 hombres; 206 mil 186 adultos; 13 mil 146 niños y adolescentes; 4 mil 28 personas acompañados, y 9 mil 718 no acompañados.
Mencionó que en ese año las detenciones se realizaron principalmente en California (64,660), Arizona (54,983), Nuevo México (7,478) y Texas (74,777).
La funcionaria indicó que este año ha disminuido el número de detenciones, no porque Estados Unidos haya cambiado sus métodos o políticas, sino debido a que los connacionales se han vuelto más precavidos. “La mayoría fue detenida por faltas administrativas, es decir, porque se pasó un alto, manejaba muy rápido, por peleas, antecedentes penales, en fin, por descuidos que provocaron detectar que son indocumentados”, detalló.
Señaló que el marco jurídico de Estados Unidos establece como delito ser ilegal, por lo que estudian cada caso para saber el motivo real y no estigmatizarlos.
Del análisis de las entrevistas realizadas a deportados, explicó, “el único delito que han cometido es el de ser ilegal, concepto bajo el cual, agregó, se limita el derecho al trabajo.
La funcionaria del INM informó que sólo 6 por ciento de la población repatriada cometió algún delito, aunque “se tiene que comprobar, porque hay casos de personas que son inocentes y están acusadas de transgresión de la ley, por lo que no tenemos que estigmatizar criterios. Nosotros nos basamos en quién tiene delitos aquí, en México”.
Agregó que el programa “Somos Mexicanos” se creó para ayudar a los repatriados y las asesorías que brinda se basan en saber cuál es el motivo de la deportación.
“Cuidamos la terminología y las razones de las personas deportadas, porque cuando nosotros estigmatizamos y decimos que todos son criminales, y queremos conseguirle a alguien trabajo, que de entrada limitamos el derecho mismo”.
García Acoltzi se quejó de que trabajan con pocos recursos económicos, por lo que pidió a los legisladores incrementar el presupuesto asignado al Fondo de Apoyo a Migrantes; el año pasado, apuntó, sumó de 300 millones de pesos y este año se redujo a 263 millones.
“Dentro del esquema de coordinación, se logró incorporar un recurso específicamente para apoyo a albergues y traslados a estados fronterizos. La verdad, sí hubo una disminución. Ojalá nos ayuden para que el próximo año volvamos a contar con esa cantidad”, comentó.
Precisó que el Fondo de Apoyo a Migrantes tiene proyectos de autoempleo. El año pasado, agregó, cambiaron las reglas de operación para atender a los repatriados y otorgar fondos de apoyo de 30 mil pesos.
El Instituto tiene módulos de repatriación en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde se apoya a los deportados a obtener su constancia de repatriación y copia certificada de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Brinda servicios básicos de alimentación; atención médica, a través de su afiliación inmediata al Seguro Popular; pueden hacer llamadas gratuitas para comunicarse con familiares; traslado local y apoyo para transporte foráneo, y se les orienta para que obtengan empleo.
En coordinación con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), se auxilia y orienta a los connacionales en su proceso de incorporación al país, otorgándoles una tarjeta de débito con solo presentar la constancia de repatriación. “Bansefi tiene módulos de atención en todos nuestros puntos de repatriación, donde les otorga la tarjeta para que no traigan dinero en el bolso”, explicó.
Mayoría de connacionales que retornan se ocupan en el campo
De los 219 mil 932 repatriados, 22.8 por ciento se dedica a la agricultura; 15.6 a la construcción; de 3 a 4 por ciento, al comercio; de 1 a 2.5 son cocineros, meseros, y choferes, y laboranen actividades de mantenimiento, almacén y automotriz, informó.
Mencionó que las ciudades de Chicago y Los Ángeles había 169 familias de migrantes con planes de regresar voluntariamente al país; de éstas, sólo han retornado 10.
“Ante la incertidumbre que se vive en Estados Unidos, la gente se acerca a preguntar sobre las opciones que tiene. No sabemos si las cifras se incrementarán, depende de las acciones que tome el gobierno estadounidense. Las familias decidirán si regresan o no, otras esperarán a que concluya el ciclo escolar”, detalló.
García Acoltzi comentó que han deportado a personas con residencia permanente. “Un ejemplo es el de un empresario que tenía el antecedente de no haber pagado impuestos desde hace 10 años. Fue deportado, pese a que ya se había puesto al corriente con los adeudos”.
En las preguntas a la funcionaria del INM, el diputado Víctor Manuel Giorgana recordó que presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los antecedentes penales no sean causa de discriminación o impedimento para ingresar a trabajar. “Me parece que ésta iniciativa hoy encaja bien, porque muchos de los que regresan sí tienen esta condición (de delincuentes) en Estados Unidos”, agregó.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI) interrogó sobre cómo impulsar la capacitación y ayudar a los connacionales a continuar sus estudios para que puedan acceder a mejores empleos.
La coordinadora de “Somos Mexicanos” respondió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) trabajan con ellos, a fin de apoyarlos a que concluyan su preparación académica.
El también priista, Alfredo Anaya Orozco, planteó si sería importante hacer oficial la carta de repatriación. La funcionaria comentó que están viendo la opción de poner módulos en los puntos de repatriación, para darles credenciales que no tendrán efecto para temas electorales, solamente como documento de identidad que tendrá una vigencia temporal mientras cambian su lugar de residencia.
Su compañero de bancada, Carlos Quinto Guillén, preguntó si hay algún programa que los auxilie cuando son detenidos en la calle, y “¿qué pasa con su dinero, con sus cuentas de banco?”. García Acoltzi respondió que “Somos Mexicanos” aporta toda la información al respecto.
La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (PAN) mencionó que presentó una iniciativa sobre migrantes de retorno, “porque es importante regularizar todo el reingreso. Si bien hay una Ley General de Migrantes, no existe exclusivamente para todos los que regresarán. Buscamos que puedan tener acceso a la educación, vivienda, salud y economía”.
La iniciativa propone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, así como los gobiernos de los estados, trabajen en equipo para dar atención adecuada a los migrantes y a través de consejos estatales de migración de retorno en la entidad sean atendidos.
Dalia García Acoltzi aclaró que “Somos Mexicanos” es permanente. “Este trabajo tiene su fundamento legal en la Ley de Migración”.
Cecilia Soto, diputada del PRD, cuestionó: ¿dónde están los tres millones de repatriados que regresaron durante los ocho años del gobierno de Barack Obama. Dalia García dijo desconocer si el INEGI los tiene integrados; sin embargo, “en la segunda fase de Somos Mexicano les estamos dando seguimiento para saber qué pasó con ellos y dónde están”.
Claudia Corichi García (MC) cuestionó acerca de sobre cómo se coordinan con las instancias a nivel local sobre fuentes de trabajo y si los migrantes se incorporan al seguro de desempleo. García Acoltzi dijo que sólo la Ciudad de México tiene seguro de desempleo, y destacó que la iniciativa privada les ha dado trabajo.
