El titular de la dependencia puntualizó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la capital del país, admitieron las acciones jurídicas promovidas por miles de personas ante el aumento injustificado del costo de los combustibles que determinó la Federación.
Detalló que del total, en 57 casos sus promoventes han sido acompañados por personal de la CEJUR y abundó que faltan por admitirse más de 2 mil demandas.
“La ruta jurídica que inició el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa va viento en popa y confiamos que las determinaciones del Consejo de la Judicatura darán certeza legal a un asunto prioritario para el bolsillo de todas las familias mexicanas”, sostuvo.
Granados Covarrubias dijo que, a la fecha, en cada uno de los juzgados mencionados hay radicados mil 400 recursos legales que rechazan el incremento a los montos de los hidrocarburos.
“Confiamos en que, con elementos jurídicos sólidos que han sido abrazados por diversos ciudadanos, vamos a echar abajo el gasolinazo”, sentenció el titular de la CEJUR.
Recordó que desde el 16 de enero, funcionarios del gobierno local, al lado de catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), diversos líderes de organizaciones sociales y cientos de ciudadanos, se ampararon contra el gasolinazo.
“Todos ellos hicieron suya la estrategia impulsada por el Jefe de Gobierno desde la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la cual ha empezado a tener respuesta por parte de la Judicatura”, enfatizó.
Insistió en su llamado a los capitalinos que deseen interponer amparos contra el gasolinazo a iniciarlo en la página de Internet www.consejeria.cdmx.gob.mx y a recibir asesoría sobre cómo realizarlo en el número telefónico 5658 1111 de LOCATEL.
Manuel Granados refirió que en el caso de la estrategia de la metrópoli se reclama la violación a los principios de igualdad y legalidad, al establecer precios máximos distintos a los combustibles.
Además se impugna la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía por el que se establece que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de materia energética.
