Al respecto, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena consideró que proteger dicho secreto permitirá que no se frenen las investigaciones que lleven a cabo los periodistas independientes y los medios de comunicación, y que en su momento los ciudadanos conozcan la información.
“En muchos países existen leyes que protegen el secreto profesional de los periodistas. Pero eso no ocurre en México, donde cualquier autoridad judicial o administrativa se siente con derecho a arrancar el secreto de sus fuentes a los periodistas, sobre todo si su medio de comunicación es pequeño y débil económicamente”, subrayó.
Para proteger a los periodistas y a sus fuentes de información, el legislador capitalino presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que adiciona el Artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el Artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explicó que en el proceso para dar a conocer una noticia, los periodistas reciben o encuentran información de fuentes que les solicitan permanecer anónimas, porque consideran que divulgar sus nombres u otros datos personales pondría en riesgo su integridad y seguridad.
Caballero Pedraza indicó que cuando un periodista sea citado como testigo o requerido oficialmente para revelar sus fuentes en un expediente judicial, es necesario que se sienta protegido por una norma jurídica que le permita negarse a revelar la identidad de éstas o los datos que conduzcan a su identificación, ya que hacerlo pondría en peligro su propia integridad y de su fuente.
“Por ello la autoridad debe tener prohibido sonsacar el secreto y que el periodista pueda guardarlo”, externó el también Secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Señaló que un ejemplo de la presión a la que son sometidos los periodistas para revelar sus fuentes ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los amenazó con solicitar a los diputados que crearan una ley para obligarlos a dar a conocer quién o quiénes les filtran los datos.
En ese sentido, aseveró que los regímenes y gobiernos antidemocráticos y dictatoriales siempre recurren a la prohibición de la libre circulación de las ideas y a la censura previa de la difusión de la información. De ahí, añadió, que un Estado democrático se concibe con el respeto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, entre otros aspectos.
“Se trata de un derecho reconocido por el Artículo 6 constitucional y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, el Estado mexicano se obliga a promover, proteger y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.
La iniciativa también fue suscrita por los diputados Ángel Hernández de la Piedra, Renato Molina Arias, Alfredo Basurto Román, Emiliano Álvarez López y Juan Romero Tenorio.
