El primero de estos embates recientes surgió de una información periodística que lo señalaba como propietario de 18 concesiones de taxis en Monterrey, Nuevo León lo que, de acuerdo a una disposición legal local, lo obligaba a declarar su domicilio en esa entidad.
La información –que luego se sabría surgió de las cercanías del gobernador independiente Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón-, indicaba que Ochoa Reza había declarado vivir en la Colonia Lagrange de San Nicolás.
En la información inicial se afirmaba que Ochoa Reza no había registrado esas 18 concesiones neolonesas en su declaración 3de3 presentada el 15 de julio del 2016 ante el IMCO y Transparencia Mexicana.
Ochoa Reza reaccionó de inmediato y luego de indicar que las concesiones aludidas fueron adquiridas de particulares, calificó la información como “falsa”.
Y enfrentó a Rodríguez Calderón: “El equipo de colaboradores del Gobernador le miente, o su equipo es incompetente”.
Concluyó al exigir respeto a la libertad empresarial entre particulares y subrayó que todo lo que posee está registrado en su 3de3 y 3de3 plus.
El segundo golpe vino de EU con la noticia de la detención por narcotráfico del Fiscal General del estado de Nayarit, Edgar Veytia. Todos de inmediato voltearon a ver al gobernador priísta Roberto Sandoval, y después al PRI de Ochoa Reza.
Y es que en Nayarit habrá elecciones a gobernador el 4 de junio próximo, al igua que en Estado de México y Coahuila.
El caso Veytia amenaza con una derrota para el PRI en Nayarit.
En lugar de esconderse, Ochoa Reza se fue el pasado fin de semana con lo más pesado de su Comité Nacional, a apoyar a Manuel Humberto Cota Jiménez, su candidato en Nayarit. Ahí estuvo junto con Claudia Ruiz Massieu para apoyar con todo a Cota Jiménez.
Y el tercer golpazo vino del propio poder judicial de Chihuahua y de la PGR al emitirse varias órdenes de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte y varios de sus colaboradores, por peculado y manejo ilícito de presupuestos, parte de ellos destinados presuntamente por el exmandatario para ayudar al PRI y sus candidatos en la reciente elección estatal de 2016.
El tema amenaza no sólo con llevar a la cárcel a uno de los exgobernadores más protegidos del régimen, sino que obliga a la Fepade a abrir un expediente de investigación contra Duarte Jáquez, su entorno, y contra el PRI.
Para cerrarle el paso a un carpetazo desde el centro del país, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, obligó a la PGR a emitir una “ficha roja” internacional que lanza a la Interpol contra el exgobernador -que por otra parte todos en su estado saben vive en El Paso, Texas-, mientras que ordenó a su Fiscalía catear tres o cuatro propiedades de Duarte en esa entidad.
Las acciones del gobernador Corral contra su antecesor ha dejado al exgobernador en el peor de los mundos. Ya nadie podrá darle cargo alguno y pasará a la historia como un corrupto prófugo más.
Hoy Ochoa Reza tiene ante sí el reto de expulsar lo más rápido posible a este segundo exgobernador de apellido Duarte, antes de que su contaminación afecte a las elecciones de junio de 2017 como el otro Duarte, el veracruzano, afectó las elecciones de junio de 2016, cuando el tricolor perdió 7 contra 5 gubernaturas ante el PAN.
SE LES ADELANTA
En medio de este ambiente, donde ya todos tienen la obligación de enseñar todo lo que tienen en sus bolsas, el sábado, el candidato del PRI en el Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses a la plataforma 3 de 3.
Al hacerlo el candidato dijo: “hoy más que nunca, los mexiquenses quieren gobiernos honestos y transparentes, que usen los recursos para continuar el buen trabajo que ya se hace y corregir lo que esté mal.
“La presentación de mi 3 de 3 atiende a la exigencia de los ciudadanos de transparencia, honestidad y rendición de cuentas, pero también lo hago por convicción, porque tengo una familia que quiero que se sienta orgullosa de mi trabajo y a la que quiero seguir viendo a los ojos”, indicó.
Con ello Del Mazo se les adelanta a sus contendientes: Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez de Morena-AMLO y Juan Zepeda del PRD.
LO MÍNIMO: ESCUDERO
El Presidente del Senado, el verde Pablo Escudero pidió el pasado fin de semana a los gobernadores realizar una autoevaluación y diagnóstico de los penales bajo su responsabilidad que en su mayoría se enfrentan a una peligrosa sobrepoblación y a sistemas de autogobierno que no son más que una máscara del control de cárteles dentro de esos centros.
Se requiere que la evaluación les diga si pueden enfrentar esos retos o si tienen que recurrir a la Federación para su solución, les indicó.
Los informes señalan que, en los años recientes, además de sobrepoblación los penales estatales carecen de personal capacitado y grandes defectos de seguridad y supervisión, precisó.
Es urgente, dijo a los gobernadores, prevenir y atender el estallido creciente de motines y fugas, como los ocurridos durante los últimos meses.
El presidente del Senado les indicó que esos penales debieran garantizar el respeto a los derechos humanos y la reinserción social de los enjuiciados, a fin de evitar su reincidencia.
Por su parte se comprometió a que, si es necesario, el Congreso de la Unión realizará los ajustes legales que permitan atender cada de las deficiencias del sistema penitenciario.
Pero para eso se requiere, insistió, el diagnóstico que diga cuáles son las necesidades que se deben subsanar, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
INTERESANTE
Raúl Cervantes, Procurador General de la República, se reunió con la Conferencia de Procuradores Estatales de la Costa Oeste de los Estados Unidos, que dirige el Procurador del estado de Hawái, Doug Chin.
Este último fue acompañado por sus vicepresidentes, los procuradores estatales de Arizona, Mark Brnovich; Colorado, Cynthia Coffman; y, Nuevo México, Héctor Balderas.
El encuentro fue para comprometerlos a todos en la búsqueda de un intercambio de información e investigaciones coordinadas, el fortalecimiento institucional y consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Todos ellos coincidieron en que hay que mantener un diálogo e intercambio de información, a fin de identificar patrones regionales y locales delictivos que impactan en las comunidades de ambos países.
Sin mencionarlo explícitamente, dejaron ver que esta cooperación es más urgente ante las acciones del nuevo gobierno encabezado por Donald Trump.
