Así lo informó la diputada Socorro Meza Martínez (PRD), en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y exhortó al Gobierno Federal a hacer lo propio.
“Sin embargo, la seguridad social también es materia federal, por ello hacemos un llamado al Ejecutivo Federal a enviar al Senado los documentos para ratificar los convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades de las trabajadoras del hogar.
“El Senado se ha pronunciado en diversas ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas ha exhortado a México; lo reclama la sociedad; y ahora se lo pedimos desde la representación de la capital del país, desde la Asamblea Legislativa. Es preciso ratificar los convenios que establecen los mismos derechos básicos para todos los trabajadores”, externó la legisladora integrante de la Comisión de Población y Desarrollo de la ALDF.
En México, 2.4 millones de personas trabajan en el hogar de manera remunerada, lo que representa cerca de cinco por ciento de la población ocupada; 95 por ciento son mujeres. De ellas, el 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5.0 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares (con datos de INEGI 2015). Un tercio de las mujeres trabajadoras del hogar empezaron a trabajar siendo niñas ( con datos de CONAPRED 2015).
La diputada Socorro Meza consideró que muchos de los datos son conocidos por toda la sociedad: las trabajadoras domésticas laboran en jornadas más largas que las establecidas en la Ley, no cuentan con seguro social ni con previsiones para vivienda ni otras prestaciones como estancias infantiles; son despedidas sin ninguna remuneración. Casi la totalidad son mujeres y de estados de la República que las han expulsado por falta de educación y de oportunidades, e incluso por ser víctimas de violencia.
“Hemos pasado a un nuevo siglo y no podemos vivir anquilosados con los mismos vicios y tolerando las mismas inequidades. La igualdad de las personas es un derecho inherente al ser humano, pero se tiene que materializar en leyes, pues sólo así se podrán vencer las barreras que hacen distinciones discriminatorias que impactan en los derechos sociales”, concluyó.
