Al respecto, informó que de acuerdo con el Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá condonar hasta el 100 por ciento de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales.
“Sin embargo, el SAT no cuenta con una planeación específica, objetivos, metas o estrategias relacionados con el proceso de determinación, inventario, seguimiento y cobro de los créditos fiscales de baja probabilidad de cobro”, precisó.
La legisladora federal de Morena indicó que tampoco existen indicadores que permitan establecer una relación entre el abandono de las acciones de cobranza y la recaudación de más recursos, lo cual también resulta indispensable para determinar si dichas cancelaciones impactan de algún modo en la eficiencia recaudatoria del SAT.
“Los programas de condonación que han tenido mayor impacto en las finanzas públicas, como los implementados en 2013, fueron aprobados sin analizar ni evaluar el impacto real que este tipo de acciones generarían en términos recaudatorios. Eso provocó que un pequeño grupo de contribuyentes a los que nunca se les pudo cobrar un crédito fueran los principales beneficiados”.
Barrientos Pantoja dio a conocer que el pasado 28 de marzo presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a los Artículos 74 y 146 A del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que el SAT haga públicas las reglas de carácter general y los requisitos para que proceda la cancelación o condonación de créditos fiscales, así como la forma y el plazo para el pago de la parte no condonada.
Consideró que si bien es cierto que el Estado puede hacer uso de la condonación para lograr otros beneficios económicos, se necesita más que buenas intenciones para determinar si dichas políticas son formuladas de manera proporcional a los fines que pretende alcanzar.
“El perdón de créditos debe percibirse como un evento único, extraordinario y de difícil acceso, ya que su repetición periódica puede incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados”, puntualizó.
La también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, subrayó que en años anteriores la ausencia de mecanismos de control y seguimiento provocaron la pérdida de grandes cantidades de recursos públicos.
Agregó que esta problemática ya fue corroborada por la ASF, al identificar a un grupo de contribuyentes a los que no les practicó las acciones de fiscalización necesarias, lo que ocasionó que el SAT omitiera el pago de contribuciones no identificadas en las revisiones.
“La política tributaria debe enfocarse en generar una mayor cantidad de recursos y fomentar un mejor ejercicio de rendición de cuenta y transparencia como parte del ciclo del ejercicio política fiscal”, expresó.
