Con esas medidas, se obligaría a los directivos a gestionar y realizar las mejoras necesarias en un marco de transparencia y rendición de cuentas, agregó el líder parlamentario en un comunicado.
Apuntó que también se impulsaría la creación de un código de procedimientos para su operación bajo un estricto respeto a los derechos humanos.
El diputado del PVEM manifestó que, a la par de estas acciones, se requiere establecer protocolos de acción para atender incidentes violentos, así como implementar programas de capacitación para el trabajo durante el tiempo de reclusión.
Estas medidas tendrían el fin de perfeccionar el proceso de readaptación de los reos y que cuenten con los elementos necesarios para mejorar su vida familiar, toda vez que en los últimos días se registraron motines en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en Apodaca y Cadereyta, en Nuevo León.
“Cualquier mejora del sistema penitenciario traería resultados positivos para la sociedad y los propios internos, por lo que se requiere que la operación de los centros se realice con estricta observancia de la legislación vigente, transparencia y en un esquema de rendición de cuentas”, expuso.
Sesma Suárez señaló que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el sistema penitenciario del país tiene un déficit de 17 mil 575 lugares para albergar a internos y existe una sobrepoblación en 150 centros carcelarios en todo el país.
Entre las entidades con mayor déficit de espacios figuran el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Nayarit y Guerrero, añadió.
Dijo que es indispensable atender las ineficiencias del sistema carcelario.
Planteó considerar que los reclusos que cometan delitos de menor gravedad puedan pagar una fianza mientras reciban sentencia, “lo que ayudaría a desahogar aquellos centros que estén más saturados y tendrían una mejor operación al mantener en reclusión sólo a las personas con sentencia condenatoria”.
El líder parlamentario sostuvo que la acción conjunta de la federación y los estados podrá cambiar la visión respecto al sistema penitenciario, convirtiendo a sus centros en espacios destinados verdaderamente a la reinserción social, con base en el uso eficiente y legal de los recursos públicos que se destinan para ese fin.
