“Tenemos la obligación de atender a todas aquellas personas que se autoadscriban como indígenas, porque no tenemos la forma de cómo determinar si realmente es indígena o no una persona, la Defensoría es una institución de buena fe y creemos en lo que nos dicen y si son indígenas tenemos la obligación de darles el servicio que proceda, ya sea asesoría o defensa, de manera totalmente gratuita”, subrayó al participar en la mesa “Presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas”, que se realizó en el marco del Foro de Presentación de la Defensoría en Saltillo, Coahuila.
Al realizarse la mesa “El papel de los órganos jurisdiccionales en la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas”, el secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Juan Solís Castro, señaló que la obligación de los órganos jurisdiccionales locales es estar cerca de los pueblos y las comunidades para entender su problemática y “para ello tenemos que conocer sus instituciones y sus procedimientos para resolver las controversias no sólo de manera aislada, sino atendiendo todo el contexto en el que se desarrollan”.
En su oportunidad, la investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, Roselia Bustillo Marín, aseveró que los Tribunales Electorales tienen la obligación de conocer cada una de las normas de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus representantes, a fin de poder resolver sus problemáticas.
Destacó que aún hay espacios políticos donde se considera que el sistema normativo indígena no tiene el mismo valor que el sistema de partidos, “por lo que ya es hora de que se pongan en un mismo nivel en las entidades, tal y como se considera en la legislación federal, y que en los legislativos locales se trabaje en las reformas que permitan alcanzar dicha homologación legal”.
Durante las actividades del Foro, los defensores públicos electorales Nicolás Gómez Cruz y Eginardo Hernández Andrés, analizaron y explicaron a los asistentes los aspectos relacionados con dos casos relevantes atendidos por el TEPJF: el de Chenalhó, Chiapas, en el que se ordenó la reinstalación de Rosa Pérez Pérez como presidenta municipal; y el de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el que confirmó y validó la consulta ciudadana realizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que en el proceso electoral local de 2018 el próximo presidente municipal se elija por el método de usos y costumbres.
Al hacer uso de la voz, Estela, integrante de la comunidad Zihuame, señaló que este Foro fue de gran importancia ya que le permitirá difundir entre las mujeres cuáles son sus derechos electorales, porque hasta hoy conoció que tiene el derecho para votar, por lo que su compromiso es “llevar y alzar la voz de que tenemos derechos como mujeres en Chahuatlán, porque mi comunidad se hunde y es porque las mujeres no podemos ejercer el derecho a votar”.
Por su parte, María Guadalupe Ramírez Onofre, indígena mazahua, dijo que llevará el mensaje a todos los integrantes de su etnia asentados en Torreón, Coahuila, de que hay una instancia que está dispuesta a apoyarlos para que ejerzan sus derechos y se les respeten, además de que agradeció el apoyo que están recibiendo por parte de la Defensoría Pública Electoral para lograrlo.
Ernestina, de la comunidad nahua, afirmó que se lleva toda la información relacionada con el Protocolo para Prevenir la Violencia Política contra las Mujeres, para que las mujeres conozcan que tienen el derecho para ser votadas, “nos llevamos mucha tarea y esperamos que en poco tiempo haya una agente municipal, que las mujeres puedan ser policías y que las mujeres puedan ser votadas en mi comunidad”
En el evento, que fue clausurado por Marina Martha López Santiago, participaron representantes de las comunidades nahua, zapoteca, mixteca, mazahua, huichol, tarahumara y mascogos, quienes interactuaron con los ponentes de las diferentes mesas que se llevaron a cabo a fin de conocer los diferentes servicios y apoyos que pueden recibir por parte de la Defensoría Pública Electoral.
