Propone diputado dotar de autonomía a FEADLE por ataques contra periodistas

0
medios de comunicación
Anuncio

“Los agresores de hombres y mujeres periodistas han conseguido silenciarlos mediante la autocensura, y en su expresión máxima les han arrebatado la vida, como el reciente caso de la periodista Miroslava Breach, lo que perjudica el acceso y el derecho a la información del pueblo mexicano, vulnera nuestra democracia y obstaculiza los derechos civiles”, puntualizó.

En entrevista, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que dicha Fiscalía solamente tiene una condena entre cientos de casos de agresiones registradas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en sus 10 años de existencia.

“La evidente falta de resultados de esta Fiscalía, a la que se suma la incapacidad del Estado mexicano para atender el creciente número de agresiones contra la prensa, ha obligado a la sociedad civil a recurrir organizaciones de derechos humanos, que son las que han dado seguimiento a cada agresión cometida en contra del gremio periodístico”, afirmó.

El también integrante de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, recordó que 11 periodistas fueron asesinados de enero a septiembre de 2016, convirtiendo a ese año en el más violento en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, cifra que superó los ocho homicidios de comunicadores en 2015.

En ese sentido, manifestó que el aumento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos por parte de funcionarios públicos, obliga a plantear la necesidad de garantizar constitucionalmente su seguridad y protección integral; dar seguimiento puntual a los casos, y solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados.

Esto, agregó, para que la procuración e impartición de justicia sea pronta y expedita en lo que respecta a los crímenes en contra de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y el trabajo realizado por los defensores de derechos humanos.

“Aunque la creación de la FEADLE fue con el objetivo de atender los delitos vinculados a la libertad de expresión para ayudar a su paulatina disminución, en los hechos ha ocurrido todo lo contrario. El aumento de las agresiones a periodistas refleja una problemática que claramente ha sido mal atendida”, recalcó.

Al respecto, dio a conocer que el pasado 1° de febrero presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Artículo 102 de la Constitución Mexicana, para dotar de reconocimiento constitucional a la FEADLE, y que cuente con autonomía de gestión interna y presupuestaria.

Destacó que algunos de los motivos del incumplimiento de la FEADLE son la carencia de facultades para realizar investigaciones exhaustivas que terminen en procesamientos; de perspectiva de género y de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones, que en su mayoría provienen de las propias instituciones del Estado.

“Con esta iniciativa, será integrada por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión con competencia en todo el territorio nacional; por 32 delegados estatales en funciones en cada una de las entidades federativas, y por un Consejo Consultivo conformado por 12 miembros”.

Añadió que el Fiscal y los 32 delegados durarán en su encargo seis años, sin la posibilidad de reelección, mientras que dicho Consejo estará integrado por cuatro personalidades del ámbito académico, cuatro defensores de derechos humanos y cuatro periodistas, que permanecerán en su cargo seis años y sí podrán ser reelectos por un periodo más.

“El Titular de la FEADLE deberá rendir cuentas al Congreso de la Unión al inicio de cada periodo legislativo, en tanto que el Senado de la República determinará los procedimientos para la presentación de las propuestas a desempeñar los cargos de Fiscal Especial y los consejeros”.

El diputado Virgilio Caballero informó que el primer Titular de la FEADLE y el primer Consejo Consultivo serán nombrados por el Senado, a propuesta de instituciones públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil, y deberán ser elegidos dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma constitucional y durarán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021.