Ante autoridades electorales del estado de Coahuila, delegados federales y representantes de organismos de la sociedad civil, Pérez Magaña dijo que con este esfuerzo millones de beneficiarios de Liconsa, Diconsa y de programas como Prospera, Seguro para Jefas de Familia, Pensión Para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios o Jornaleros Agrícolas, podrán continuar recibiendo sus apoyos sin verse afectados por sus decisiones político-electorales.
“Garantizar la transparencia, el apego a la legalidad y la rendición de cuentas de los programas y recursos públicos, es una obligación que cumple a cabalidad el gobierno de la República y específicamente, la Sedesol”, destacó.
El funcionario federal resaltó que por el número de programas que maneja la dependencia, su diario contacto con millones de mexicanos y el presupuesto que ejerce en el abatimiento de la pobreza, “es seguramente la Secretaría más vigilada de todas las que integran la Administración Pública Federal”.
De ahí, dijo, la importancia de generar acciones que protegen los programas de desarrollo social ante cualquier uso indebido, irregular o francamente ilegal en tiempos electorales.
Acompañado por el Abogado General y Comisionado para la Transparencia, David Garay Maldonado y el titular del Órgano Interno de Control, Jacobo Mischne Bass, aseguró que la instalación del Comité Preventivo tiene como objetivo preciso, blindar los derechos sociales de los beneficiarios para que sus derechos políticos sean ejercidos libremente.
El subsecretario recordó que el pasado mes de febrero se instalaron los comités respectivos en los estados de México y Veracruz, por lo que “es fundamental darle continuidad al blindaje y cumplir con el marco legal e institucional que regula el ejercicio de nuestra estrategia de transparencia”.
“Seguiremos trabajando con total responsabilidad, supervisando y vigilando nuestras actuaciones, para que las conductas que incurran en violaciones a la ley, sean castigadas”, agregó.
Estuvieron presentes en el acto de instalación Valeriano Valdés Cabello, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila; Gabriela María de León Farías, Consejera Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, así como Alejandra Wade Villanueva, representante legal del Consejo Cívico de Instituciones y Dora Helia Reyna Alvarado, presidenta de la Contraloría Social del Club de Leones de Saltillo.
