El legislador del PRI, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, apuntó que “hay inquietudes por la vigencia de esta ley, porque cuando se pone en funcionamiento un ordenamiento siempre hay intereses que se afectan. Lo que se quiere es que haya coordinación para lograr un adecuado desarrollo urbano, y eso implica lógicamente afectar interés, pero las leyes son para poner orden”.
En la regularización territorial de las megalópolis se tiene que respetar la nueva ley general en la materia; sólo así se evitarán riesgos a la población ante un fenómeno natural, expresó.
Se busca evitar, indicó, que los ejidos se fraccionen sin planeación y sin tomar en cuenta las vialidades, equipamiento e instalaciones urbanas que requiere un nuevo asentamiento. “Queremos impedir un crecimiento urbano anárquico, porque las zonas ejidales se están convirtiendo en verdaderos problemas para los gobiernos locales y por supuesto para el federal”.
La aplicación de este nuevo marco legal tiene dos facetas: regularizar asentamientos humanos y evitar su proliferación, lo cual ofrece muchas ventajas para la sociedad y el país, porque “busca poner orden y responsabilidades para que los gobiernos municipales, estatales y federal se hagan corresponsables, humanizando y armonizando el desarrollo urbano”.
Afirmó que debe aplicarse la ley, porque “no estamos sujetos a la voluntad política, sino al cumplimiento de la normatividad para evitar el fraccionamiento desordenado de terrenos por la urbanización”.
Bedolla López subrayó que rescatar espacios públicos e impedir que los ejidos se fraccionen de manera irregular para edificar casas, constituyen los dos retos que enfrenta el desarrollo de las megalópolis.
Recuperar zonas comunes es imprescindible porque es donde la gente participa y convive, y mientras no se rescaten va a ser muy difícil la relación social, apuntó el diputado por el Estado de México.
Para frenar las irregularidades en la urbanización ejidal, es vital la participación y opinión de los gobiernos municipales y estatales, regulados por la Federación, porque “era un tema sin atención”; se busca ordenarla a través de esta nueva ley que señala claramente las responsabilidades de cada instancia de gobierno y trata de evitar que se evadan.
Refirió que los conceptos de humanizar las ciudades y el de resiliencia (capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas), deberán incorporarlos los gobiernos locales en sus ordenamientos de desarrollo urbano y territorial, a fin de actuar de manera eficaz ante fenómenos naturales.
En esta nueva visión de la urbanización, la sociedad tiene un papel fundamental en la aplicación de las nuevas reglas para detonar un desarrollo urbano ordenado, concluyó.
