La legisladora recordó el caso de Paulina Ramírez Jacinto, una menor de edad de escasos recursos de Baja California víctima de violencia sexual a quien en el año 2000 se le negó el acceso a la interrupción del embarazo producto de dichas violaciones, tras agregar que a 16 años del caso, los obstáculos no se han disminuido en nuestro país.
Dijo que de acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada día en el país se realizan más de mil 640 denuncias de delitos de violencia sexual. Sin embargo, esta cifra representa sólo 10% de lo que en realidad sucede.
Por ello Ivanova Pool dijo que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos de la mujer, garantizando el derecho al aborto en condiciones de seguridad y no en la clandestinidad.
Agregó que el embarazo por violación somete a la víctima a una maternidad forzada, pues es claro que nadie quiere resultar embarazada de su agresor. Por el contrario, se agudiza la violencia traumática en la medida que el embarazo avanza, con lo que implica una doble victimización para la mujer.
Declaró que aun cuando en 2016, se modificó la NOM 046-SSA2-2005 sobre Violencia familiar, sexual contra las mujeres (NOM 046) en armonización con la Ley General de Víctimas -para que en todo el país en teoría, una mujer mayor de 12 años que resulte embarazada por violación tenga derecho de acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización por parte de autoridad alguna (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor(a)-, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de los servicios de salud o el afán de imponer sus creencias sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos por una situación que debieron padecer.
También refirió que en 2011, el entonces relator especial de la ONU, Anand Grover, en su informe sobre el derecho a la salud, declaró que las leyes que penalizan o restringen el aborto inducido son ejemplo paradigmático de las impermisibles barreras al derecho a la salud de las mujeres, y deben ser eliminadas, pues infringen la dignidad y la autonomía de la mujer.
