La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), explicó que con la reforma se crea un sistema de cualificaciones para el reconocimiento de acreditación, revalidación y de equivalencias, que servirá para que las instituciones educativas compitan en condiciones de igualdad frente a otras a nivel internacional.
“El reconocimiento de revalidación no constituye un elemento nuevo, sino el procedimiento para que instituciones privadas y públicas presten el servicio educativo, cómo serán controladas, los requisitos para expedir la documentación y cómo operará bajo el principio de máxima transparencia”, agregó.
Para ello, dijo, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa, donde se registrarán todas las constancias de revalidación y equivalencias de estudio, aunque, aclaró, si son mal utilizadas, la SEP podrá retirar el reconocimiento de validez oficial; además, la autoridad educativa implementará medidas específicas para atender a la población migrante proveniente de EU y establecerá mecanismos que atiendan la disparidad idiomática y de historia nacional.
“El dictamen es producto del trabajo y consenso de todas las fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, quienes dialogaron con autoridades educativas federales y estatales, así como académicos y representantes sindicales”, detalló.
Explicó que el origen de este dictamen es la iniciativa preferente del Ejecutivo enviada en febrero para incluir a los dreamers en el sistema educativo nacional; sin embargo, dijo el trabajo en consenso fue mucho más productivo de lo esperado, teniendo como resultado una minuta con alcances mucho más grandes.
“Este dictamen atiende a toda aquella población que por circunstancias ajenas a su voluntad, llegan al nuestro con la necesidad de incorporarse al sistema educativo nacional, posibilitando que la autoridad federal o local garantice su acceso a la educación obligatoria, aunque las personas no cuenten con la documentación académica correspondiente”, comentó.
Al dar el posicionamiento del grupo parlamentario del PES, el diputado Gonzalo Guízar Valladares aclaró que la Ley de Migración, en su artículo 8, determina que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria. “No solamente es un tema para dreamers, va más allá. Se aprovecha la inercia de revalidación escolar, que era un problema, una burocracia innecesaria, una tramitología”.
“Se trata de dar un cumplimiento en un sentido humano estrictamente; es decir, pasar de la necesidad del derecho a la educación y de la libertad de tránsito en la educación de los mexicanos, para darles una enseñanza de calidad y una oportunidad con este programa de revalidación, para que se incorporen al sistema educativo mexicano, que antes de esta reforma era totalmente un viacrucis”, consideró.
De Nueva Alianza, el diputado Luis Manuel Hernández León señaló que ante la eventual repatriación de connacionales, es necesario impulsar políticas que garanticen el derecho a la educación, por lo cual se requiere que la autoridad educativa cuente con los elementos operativos como normas de control, lineamientos y ciertos criterios aplicables para la revalidación de estudios.
“Los centros educativos tienen que estar preparados en infraestructura y pedagógicamente atentos para atender este nuevo elemento de las comunidades, reconociendo la diferencia cultural en un marco de respeto, y privilegiando el derecho a la educación de calidad con equidad”, expresó el legislador.
El diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, destacó que la reforma recuperó la propuesta de su grupo parlamentario de tener un sistema de simplificación para las revalidaciones y las equivalencias, pero teniendo en el centro de la iniciativa el principio de equidad y de inclusión social.
“Esa primacía está en todo el dictamen de la iniciativa, por eso estamos a favor. Creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que hemos exigido para los ciudadanos mexicanos y de origen mexicano en Estados Unidos, que sus derechos no sean regateados”, enfatizó.
La legisladora de Morena, Magdalena Moreno Vega, destacó que ante la amenaza del gobierno de Donald Trump “nuestro gobierno se ha mostrado sumiso y ha sido incapaz de detener la huida de millones de mexicanos que abandonan nuestro país, porque no hay oportunidades de trabajo ni de estudios, no hay esperanza de vida digna ni un futuro mejor”.
Ante ello, sostuvo, hoy más que nunca es importante apoyar a los mexicanos repatriados y facilitar su ingreso a las escuelas, simplificando los requisitos para revalidar sus estudios, siempre y cuando la Secretaría de Educación Pública supervise y avale estas revalidaciones.
El diputado Ignacio Avendaño Bermúdez (PVEM) precisó que un sistema educativo eficaz, eficiente y fortalecido será siempre un instrumento indispensable para superar las “desigualdades que aún padecen millones de mexicanos”. En ese sentido, comentó que, ante el latente retorno de migrantes, el Ejecutivo federal propuso una iniciativa, a fin de incorporar a los mexicanos que retornen al sistema educativo.
Ante la situación de desventaja y la compleja realidad que viven nuestros connacionales en Estados Unidos, expresó, “es nuestra obligación garantizarles un adecuado proceso de incorporación al sistema educativo nacional”.
Por el PRD, el diputado Francisco Martínez Neri dijo que los principales inconvenientes para la implementación y puesta en marcha de disposiciones en materia educativa, son la falta de presupuesto y una valoración certera de la capacidad real de las instituciones de educación receptoras de la población objetivo.
Preguntó: “¿cómo hacer realidad la inclusión de connacionales al sistema educativo, cuando el presupuesto al Ramo 11 se redujo en 15.1 por ciento con respecto al año anterior? ¿Cómo lograr una inclusión y equidad educativa, cuando este problema presentó un recorte de 39.7 por ciento para el Presupuesto 2017? Nuestro voto será a favor; sin embargo, se requiere legislar con políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una educación de calidad”, indicó.
El panista Joaquín Díaz Mena se solidarizó con los miles de jóvenes que regresarán al país a continuar sus estudios, pero, precisó, “no es suficiente, no basta con buenas intenciones, cuando se sabe que las universidades de México no tienen la capacidad suficiente para atender a la población estudiantil, y si a ello sumamos los que se incorporarían con las deportaciones, el problema será mayor.
Ante ello, llamó a realizar un ajuste urgente de recursos para atender este problema, a fin de que “millones de repatriados no pasen a ser víctimas de la ineficacia e ineptitud del gobierno mexicano y de quienes manejan el sistema educativo nacional”.
La diputada del PRI, Martha Hilda González Calderón, enfatizó que la SEP ha señalado en reiteradas ocasiones que la oferta total de lugares disponibles que ha tenido hasta este año el nivel superior es suficiente y, gracias a la coordinación de autoridades educativas, federales y estatales, se ha permitido tener reservas para ubicar estudiantes de retorno.
Explicó que entre las aportaciones que tiene el dictamen se encuentra el simplificar los trámites de revalidación de estudios conforme a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad; autoriza a las instituciones educativas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales, respecto a planes y programas, y robustece mediante la suscripción de acuerdos y convenios el derecho de tránsito educativo.
La diputada Patricia Aceves Pastrana (Morena) rechazó el dictamen porque “en tres de los 12 artículos que se modifican, se abre la puerta a la privatización”. Señaló que si el problema migratorio fuera realmente el centro de la iniciativa, se hablaría entonces de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias en donde regresará el grueso de la población deportada.
En lo particular fueron reservados los artículos 12, 14, 33, 56, 63 y quinto transitorio, los cuales se aprobaron en los términos del dictamen por 283 votos a favor, 5 abstenciones y 40 en contra.
Para este asunto, subieron a tribuna los diputados Tania Victoria Arguijo Herrera, del PRD, y de Morena, Juan Romero Tenorio, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, y Patricia Elena Aceves Pastrana.
Posteriormente la presidenta de la Mesa Directiva, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el martes 21 de marzo de 2017, a las 11 horas.
