Asimismo, la autoridad jurisdiccional le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días multa, equivalentes a $31,315.00 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública.
La sentencia del juez federal señala que quedó acreditado que en el periodo de 2001 al 27 de octubre de 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los que percibió $21’051,887.62.
Precisa que también se demostró que en dicho periodo, el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de $36’013,379.31, con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud, a saber:
a) Depósitos en diversas cuentas de origen no identificado, por $7’694,441.11;
b) Terreno en Ensenada, Baja California, con valor de $416,145.24;
c) Vehículos: Jeep, modelo 2009 en cantidad de $57,400.00; audi, modelo 2003 por $212,732.91; Lobo, modelo 2005 en $359,800.00; y, Nissan, modelo 2003 por $104,400.00;
d) Pagos a tarjeta de crédito de Estados Unidos por $1’785.012.55;
e) Yate con valor de $22’125,168.00; y,
f) Vehículo Ferrari Spider, por un monto de $3´258,279.50.
