Al declarar instauradas sus actividades, Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que valorar el impacto de aplicar programas y gasto público con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, es un valioso ejercicio democrático que enlaza y compromete a los Ejecutivos de los tres niveles de gobierno con los diputados.
La Mesa Interinstitucional de Seguimiento al Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, será presidida por la Comisión de Igualdad de Género, la cual junto con diversas dependencias públicas, evaluará el ejercicio presupuestal y sus resultados para garantizar la equidad en México.
Martínez Neri sostuvo que el seguimiento de estos recursos es un componente fundamental para avanzar en la equidad de género en México; por ello, el pasado 2 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a “no hacer reducción alguna al Anexo 13”.
Esta es una excelente noticia, muestra la solidaridad de los diputados de la LXIII Legislatura para fortalecer el enfoque de género en el PEF; merece ser reconocido y compromete a la Comisión de Igualdad de Género y a las instituciones a cumplir el marco jurídico que otorga a mujeres y hombres las mismas oportunidades, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
Destacó la importancia del Anexo 13 porque atiende a través de 28 ramos administrativos transversales, la defensa de los derechos humanos, previene la discriminación y asiste a las víctimas de delitos, protege y da asistencia consular prioritaria a connacionales afectados por las acciones negativas de Donald Trump.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, apuntó que la austeridad presupuestal obliga más que nunca a ser eficientes y eficaces con el gasto público. “Es imprescindible contar con mejores indicadores que digan que cada peso del Anexo 13, creado en 2008 en el PEF, colabora y ayuda para catalizar el avance de las mujeres y la igualdad entre ellas y los hombres”.
También, para que se erradique y prevenga la violencia y discriminación hacia más del 50 por ciento de la población total de México, y para que mujeres y niñas se beneficien de programas que abren oportunidades, mediante el empleo y becas educativas.
“Es muy importante ejercer el cien por ciento del presupuesto para alentar la igualdad. No aceptamos ninguna devolución de recursos de las dependencias públicas federales, porque eso significaría que no se ayudó al avance de las mujeres, que siguen sufriendo discriminación y violencia”. Estimó que todavía el 5 por ciento del total presupuestal del Anexo 13 incurre en subejercicios.
Plascencia Pacheco urgió a dar seguimiento puntual de los programas por perspectiva de género, “no queremos que las reglas de operación no cuenten con este enfoque, ya que es un mandato presidencial que debe cumplirse”, aseveró.
Para lograrlo, es vital contar con la colaboración de las unidades ejecutoras del gasto público y de los oficiales mayores de las diferentes dependencias públicas, quienes conocen el manejo presupuestal, y cuya aplicación eficaz asegurará la igualdad de género.
La diputada Maricela Contreras Julián (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, comentó que a 10 años de haberse instalado la primera Mesa Interinstitucional de seguimiento del presupuesto de igualdad, se ha enriquecido la metodología que, en su momento, fue modelo a seguir para los países de América Latina en el diseño de un gasto público orientado a atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.
Advirtió que no se trata sólo de asignar recursos, sino de evaluar su aplicación, medir su impacto y valorar si cumplieron con el objetivo de reducir las brechas de género y potenciar las capacidades de las mujeres.
“Los esquemas de rendición de cuentas trimestrales que formulan todas las dependencias que manejan presupuesto destinado a mujeres, no deben ser laxos o caer en la cotidianidad de informar por informar. Es aquí donde juega un papel preponderante el Poder Legislativo y adquiere importancia el trabajo transversal con perspectiva de género en todos y cada uno de los quehaceres del Congreso de la Unión”, afirmó.
Manuel Martínez Beltrán, oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la instalación de la Mesa Interinstitucional y reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo por aprobar recursos que alienten la equidad.
Aseguró que la CNDH optimiza el gasto de género en el presente ejercicio presupuestal y en 2018 fortalecerá el presupuesto e implementará las medidas necesarias que consoliden las acciones para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Informó que la institución continuará con el programa “Cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual”, así como con las acciones para sensibilizar sobre el derecho a la igualdad y emitir recomendaciones e informes especiales cuando se evidencie la desigualdad.
A nombre del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María de la Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género, destacó la importancia de vigilar el uso eficiente de los recursos que “permiten acelerar el paso hacia el empoderamiento y desarrollo de esta población y la igualdad entre géneros”.
Informó que Inmujeres trabaja con la Secretaría de Hacienda y el Coneval para evaluar los programas transversales de género, herramienta que permitará visualizar, por primera vez, “el efecto que tiene el presupuesto dedicado a alentar la igualdad entre mujeres y hombres”. Refirió la necesidad de rendir cuentas que garantice el ejercicio transparente de este presupuesto, y señaló que se continuarán los talleres de capacitación para evaluar el impacto de los recursos en los programas en beneficio de las mujeres.
Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió velar por no reducir el presupuesto asignado para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, con el propósito de cerrar las brechas de desigualdad y empoderarlas.
Propuso cuatro estrategias para mejorar el gasto con perspectiva de género: que los estados diseñen un presupuesto con este enfoque, ya que sólo cuatro lo etiquetan; armonizar leyes y programas estatales presupuestales con los nacionales y garantizar su efectivo cumplimiento; que las mujeres participen en la toma de decisiones de las políticas económicas, y exista equidad en el trabajo no remunerado en los hogares.
